Nuevo desafío: la aplicación inmediata del nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz

Por: Aníbal Gálvez Rivas

Soy un convencido de que la justicia de paz es una institución de la más alta importancia para nuestra sociedad pero que aún no ha alcanzado su funcionamiento óptimo por diversas razones. Desde la ONAJUP y las ODAJUP se vienen realizando distintos esfuerzos orientados hacia su fortalecimiento pero todavía queda mucho camino por recorrer y desafíos por afrontar.

Un nuevo desafío ha sido planteado recientemente por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con la aprobación del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, mediante R.A. N° 297-2015-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de noviembre de 2015. Esta nueva norma supone un avance significativo en relación a las posibilidades de control disciplinario de la actuación de los jueces de paz, estableciendo un procedimiento más tuitivo y realista para los ámbitos donde se desempeñan estos magistrados, así como varias novedades en cuanto a principios y los procedimientos a seguirse.

Esta norma es importante porque pese a que la Ley de Justicia de Paz —Ley N° 29824— dispone en su artículo 46 que «En ningún caso podrá aplicarse al juez de paz el régimen disciplinario del juez ordinario» en los últimos años se han venido procesando disciplinariamente a los jueces de paz en base el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA y la Ley de Carrera Judicial. El artículo 46 de la Ley de Justicia de Paz tiene mucho sentido pues, debido a que la justicia de paz tiene múltiples características especiales, requiere de un régimen disciplinario especial que se adecúe a su situación para poder cumplir bien sus objetivos. Para ser justos, es pertinente mencionar que aunque la Ley de Justicia de Paz impide aplicar normas disciplinarias que corresponden a los jueces ordinarios, había un vacío normativo pues no existían otras normas a las cuales recurrir, por lo que se aplicaban de manera supletoria las ya mencionadas. No obstante, esto ha generado problemas pues, por ejemplo, se podía sancionar a los jueces de paz por conductas no tipificadas para ellos o exigirles cumplir criterios procesales imposibles.

Por ello, si esta norma llega a implementarse bien habremos logrado algo importante: que la población tenga mejores posibilidades de quejarse contra los malos jueces de paz (que también existen, pero son pocos) y que solo estos sean realmente sancionados, evitando que los procedimientos afecten a jueces procesados inadecuada e injustamente.

Así las cosas, lo desafiante de esta norma está en su implementación. No solo porque supone reaprender varias cuestiones nuevas que influirán en los procedimientos disciplinarios futuros sino además porque este reglamento debe ser implementado incluso en los procesos actualmente en curso, al margen de la instancia donde actualmente se encuentren. Esto es claramente establecido por el artículo 3 de la R.A. N° 297-2015-CE-PJ:

«Artículo Tercero.- Los procedimientos disciplinarios iniciados contra jueces de paz antes de la entrada en vigor del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, deben ser adecuados a sus disposiciones por la Oficina de Control de la Magistratura y las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura del país, según sea el caso».

Esta disposición se encuentra sustentada en el artículo 103 de nuestra constitución, que señala que: «La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos». De acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este artículo ha establecido que, en relación a la aplicación de normas en el tiempo, nuestro ordenamiento se rige por la teoría de los hechos cumplidos:

«A partir de la reforma constitucional del artículo 103 de la Constitución, validada por este Colegiado en la STC 0050-2004-AI/TC, y en posteriores pronunciamientos, se ha adoptado la teoría de los hechos cumplidos dejando de lado la teoría de los derechos adquiridos, salvo cuando la misma norma constitucional lo habilite. De igual forma, tal como se explicó en la STC 0002-2006-PI/TC (fund. 11) citando a Diez-Picazo, la teoría de los hechos cumplidos implica que la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser “aplicada a toda situación subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad.”» (Sentencia recaída en el Exp. N° 00316-2011-PA/TC, Fund. 26).

Como puede verse, nuestra constitución ordena que las normas se apliquen de manera inmediata, desde su entrada en vigencia, «a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes». Esto significa que las disposiciones del nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de paz deben aplicarse, en todos los procesos disciplinarios abiertos contra jueces de paz, a todo acto procesal que se realice a partir del 7 de noviembre del 2015. En efecto, siguiendo el razonamiento del TC, no existe razón alguna por la que se deba seguir aplicando el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA y la Ley de Carrera Judicial a los procesos abiertos contra jueces de paz, sino que ahora estos solo deben resolverse en cumplimiento estricto de la Ley de Justicia de Paz y el nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz.

El desafío de una buena implementación de esta norma no es poca cosa. Invocamos a todos los responsables de hacerlo a tomar las medidas necesarias para lograrlo pues ello contribuirá al fortalecimiento de la justicia de paz en nuestro país.

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