Avances en la formulación de un Presupuesto por Resultados para la justicia de paz y el piloto en el Distrito Judicial de Lima Norte

Por: Daniela Velit Bassino

El Presupuesto de la justicia de paz

 

Hoy en día, la asignación de recursos económicos orientados a actividades de fortalecimiento de la justicia de paz se canaliza a través de la ONAJUP, órgano de competencia nacional encargado esta labor.

Ha sido recién en los últimos seis años que se han asignado recursos económicos a la justicia de paz pues antes esta no era considerada dentro del presupuesto institucional del Poder Judicial. Pero el flujo de tales recursos ha sido discontinuo ya que solo en los ejercicios 2010 y 2012 se asignaron fondos para que la ONAJUP realice actividades de de inducción y capacitación de jueces de paz, implementación con mobiliario básico y equipos de cómputo a los juzgados de paz, entre otros. En este sentido, durante los ejercicios 2011, 2013, 2014 y 2015, solo se le dotaron fondos menores para mantener en funcionamiento a los órganos que ejecutan las acciones de soporte administrativo de los juzgados de paz -ONAJUP y ODAJUP del país-, esto es, para aquellos bienes y servicios que son básicos y necesarios, y que forman parte de lo que en la entidad se conoce como presupuesto “inercial”.

Sin embargo, un presupuesto de ese tipo no es suficiente para que la ONAJUP y las ODAJUP cumplan con las funciones que les han sido asignadas legal y reglamentariamente, pues para ello se requiere contar con infraestructura y recursos humanos, materiales y financieros que actualmente no le son proporcionados. Por ello están sujetas a serias limitaciones en sus actividades, a mantener un nivel mínimo de desarrollo organizacional y dedicar sus esfuerzos a buscar financiamiento externo, lo que perjudica el objetivo general institucional de fortalecer y consolidar la justicia de paz en nuestro país. En términos presupuestarios, la justicia de paz tiene pendiente constituirse una prioridad para el Poder Judicial peruano.

Por ello y con el ánimo de superar la naturaleza “inercial” de la asignación de recursos a la justicia de paz, la ONAJUP está generando insumos para la formulación de un Presupuesto por Resultados.

Presupuesto Por Resultados

El Presupuesto por Resultados (en adelante PpR), según el Ministerio de Economía y Finanzas, se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro. Se rige por la Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-.

Esta estrategia distinta de asignación y ejecución del Presupuesto Público, requiere contar con información cierta y verificable que identifique un problema y con su implementación se den resultados medibles en la solución de este problema.

Con ese objetivo en mente, la ONAJUP identificó algunos problemas específicos que tienen un efecto negativo en los usuarios del servicio de justicia de paz y que se deben solucionar. Entre las dificultades detectadas se encuentran la insuficiente cobertura del servicio de justicia en las zonas más alejadas de nuestra geografía, las inadecuadas condiciones logísticas y de infraestructura de los juzgados de paz, la falta de capacitación de los jueces de paz, entre otros. Esta problemática debe ubicarse en un marco general de limitado acceso a la justicia por parte de poblaciones vulnerables de las zonas rurales y semi-urbanas del país, contexto en el que la justicia de paz existe y se justifica.

Sin embargo, para que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el PpR a favor de la justicia de paz, no es suficiente con alegar dichas dificultades, sino que resulta imprescindible respaldarlas con data o información vigente y cuantificable. En otras palabras, se requiere una línea de base que represente el estado inicial, sobre la cual posteriormente, luego de la ejecución del PpR, se puedan comparar los resultados obtenidos.

Actualmente la ONAJUP no cuenta con información estadística suficiente que refleje el estado situacional actual de los juzgados de paz y que permita, por ejemplo, confirmar el alto grado de legitimidad que históricamente gozan los jueces de paz por parte de la población o el nivel de satisfacción del servicio. Asimismo, existen limitaciones para generar data actual sobre los problemas de cobertura. Por esta razón y como insumo para la formulación del PpR, se ha iniciado un proceso de levantamiento de información en el que, mediante la elaboración de encuestas y entrevistas, se conocerá el “estado de cosas” de una muestra representativa del total de 5821 juzgados de paz con los que se cuenta en el país actualmente.

En los últimos meses se ha desarrollado una etapa preliminar de este proceso de levantamiento de información, mediante un piloto en los juzgados de paz del distrito judicial de Lima Norte.

 

Piloto en Lima Norte

En coordinación con la ODAJUP de este distrito judicial se han visitado alrededor de 20 centros poblados ubicados en las provincias de Lima y Canta, en las que se recogió información valiosa de los juzgados de paz y diversos actores. Cabe indicar que en estas zonas se caracterizan porque la mayor parte de la población se encuentra en una situación de pobreza y extrema pobreza, lo cual está estrechamente relacionado con el tema de la exclusión social.P1050481

En las zonas rurales un grueso sector de la población se dedica la mayor parte del día a la ganadería y la agricultura en menor escala, se aprecia que hay mayor presencia de adultos porque, según refieren, muchos jóvenes han migrado en busca de nuevas oportunidades de empleo. En las zonas urbano-marginales, en cambio, se trata de migrantes del interior del país que se dedican al comercio ambulatorio, tienen pequeños negocios, son mano de obra de las empresas asentadas en la zona, y a prestar diversos servicios, etc. 

En este piloto se entrevistó a un total de 68 personas y se visitó a 17 juzgados de paz (el 70% de los juzgados de paz del distrito judicial de Lima Norte).

El levantamiento de información se ha efectuado básicamente a través de entrevistas, encuestas y reportes que han permitido medir la calidad de servicio que prestan los juzgados de paz en ese distrito judicial.

Se emplearon tres formatos: uno para el Coordinador ODAJUP en el que consignara información respecto de expedientes y documentación existente en el juzgado de paz; otra, para consignar información sobre la entrevista efectuada al juez de paz y; la última, una encuesta efectuada a un grupo de usuarios elegidos aleatoriamente.

A través de estos tres formatos aplicados a diversos centros poblados como lo son Cullhuay, Huacos, Marco, Obrajillo, Quipan, Huamantanga, entre otros, se ha recogido información sobre los recursos materiales y humanos que disponen los juzgados de paz, las capacitaciones recibidas por los jueces de paz, el cumplimiento del horario de atención de los juzgados de paz, el registro de sus actuaciones en los libros de actuaciones judiciales y notariales, la carga procesal mensual del juzgado, etc.

 

Resultados y percepciones

El objetivo principal del piloto en Lima Norte fue validar en una sede judicial que cuente con juzgados de paz en zonas rurales y urbano-marginales el contenido de los formatos diseñados para recabar información sobre la justicia de paz que sirva para la formulación del PpR.

Una vez efectuada la sistematización de los resultados son varias las conclusiones que podemos extraer y es pertinente compartir algunas de ellas.

En primer lugar, se tiene que el 56% de usuarios encuestados considera al juez de paz como la autoridad más importante en su comunidad para la resolución de conflictos. A pesar de esto, el 50% calificó el servicio brindado por el juez de paz como malo o regular y el 38% no confía en él, por diversas razones, entre ellas, el no haber participado en su elección, estar mucho tiempo en el cargo, no tener una conducta intachable o por sesgar sus decisiones. Esto nos permite colegir que la justicia de paz ha mantenido en el tiempo su posicionamiento como autoridad judicial dentro de estas comunidades, pero que la calidad del servicio que brinda se ha deteriorado, aunque aún la mayoría sostiene que el servicio ha sido bueno o regular, lo que genera la pérdida de confianza en un nivel preocupante que casi llega al 40%.P1050629

En segundo lugar, el 94% de jueces de paz entrevistados señaló que no recibe atención médica a través del SIS (Seguro Integral de Salud) y el 100% de ellos indicó que no recibe de parte de la Corte Superior el reembolso de los gastos en que incurre por diligenciar exhortos. Esto evidencia que a la fecha de realización de las visitas y habiéndose otorgado esos derechos a estos operadores a través de la Ley Nº 29824 -Ley de Justicia de Paz- vigente desde abril de 2012, aún no han sido implementados, lo que causa desazón en estos operadores y una sensación de ser víctimas de la arbitrariedad de los jueces de carrera que son los que le encargan diligenciar exhortos, especialmente en el rubro de notificaciones, utilizando inclusive términos intimidatorios en sus comunicaciones (de ser sometidos a procedimientos disciplinarios si no cumplen con el encargo).

Un tercer aspecto a destacar es que los resultados de las entrevistas a jueces de paz confirman que la conciliación sigue siendo el mecanismo por excelencia usado en la justicia de paz para la resolución de controversias. En efecto, el 82% de jueces de paz encuestados señaló que no había sentenciado todavía en ningún caso que se le había presentado.

Finalmente, al preguntar a los jueces de paz sobre los principales problemas o limitaciones que tenían desde que asumieron el cargo, más del 50% de ellos identificaron como la principal dificultad a la falta de capacitación. La segunda, es la carencia de local y de mobiliario. Esto pese a que los jueces de paz, según la ley, tienen derecho a contar con la infraestructura y los recursos materiales indispensables para el ejercicio de su función, lo cual le debe ser proporcionado por la Corte Superior de Justicia, los gobiernos locales y/o por la comunidad, según sea el caso. Cabe indicar que ante la pregunta sobre quién había proporcionado el local donde funciona el juzgado de paz, la mayoría de los entrevistados manifestó que ellos habían cedido su propio domicilio.

Lo anterior implica que se ha reducido la inversión en la capacitación de los jueces de paz, lo que además de afectar seriamente la calidad del servicio, les causa serios problemas a estos operadores en el ejercicio de sus funciones porque incurren en errores que son sancionados por el sistema de control jurisdiccional del Poder Judicial sin contar con orientación o asistencia de un letrado y, por ello, sin poder ejercer a plenitud su derecho de defensa. Igualmente, se aprecia que no cuentan con financiamiento de ninguna de las entidades u organismos a los que la ley le asigna esa obligación, para infraestructura y mobiliario básico.

Lo anterior constituye una de las causas que justifiquen que un alto porcentaje de usuarios cuestionen el actuar de los jueces de paz y haya un proceso paulatino de deslegitimación de esta institución, especialmente en las zonas rurales que fueron visitadas. Es una muestra que podría verse reflejada en los otros distritos judiciales existentes en el país y es una señal de alarma.

P1050527La ONAJUP y las ODAJUP tienen como reto el buscar los recursos necesarios para que esta situación se mejore y pueda brindarse un servicio de justicia aparente para estas personas. Resulta entonces no sólo importante, sino urgente la formulación del PpR para la justicia de paz, así también, que las autoridades judiciales entiendan como prioritario el destinar fondos para atender estas necesidades básicas de los juzgados de paz.

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