¿Cómo deberían ser los jueces en un país de muchas lenguas?

Ojalá la vida real fuera como en las novelas. A veces en Fatmagul uno puede ver escenas del proceso penal seguido contra los violadores de la joven protagonista. Basta con prender el televisor por la noche y podemos ver en español esas escenas originalmente habladas en turco. Normalmente no nos fijamos en detalles como este a la hora del entretenimiento pero, si uno se detiene a pensarlo un momento, parece mágico que con solo presionar un botón podamos entender lo que dicen personas que viven al otro lado del mundo y a quienes normalmente no entenderíamos ni el saludo. Para que eso sea posible, fue necesario un largo proceso de doblaje al español, el cual permite que nos despreocupemos de esa barrera lingüística y nos entreguemos a la trama.

Pero la vida real no es como en las novelas. En nuestro país miles de personas no entienden bien el castellano y cuando acuden al sistema de justicia no hay botón que les permita escuchar en su idioma todo lo que se dice, aunque se esté discutiendo problemas que afecten su integridad física o sexual, patrimonio o libertad.

No hay peruano que no haya escuchado decir que el Perú es un país de muchas lenguas. Son en total 47 lenguas originarias que, aunque la Constitución dice que son oficiales en donde predominen (artículo 48) la discriminación es tal que en la práctica quienes las tienen como lengua materna raras veces pueden recibir atención estatal en su propio idioma. Como si eso no fuera suficientemente dramático, hay varias lenguas que están en riesgo de desaparecer, y no es un dato abstracto: hay compatriotas a quienes la sociedad evitó que transmitan su idioma a sus hijos y cuando fallezcan morirá con ellos una parte de nuestra peruanidad, morirá también una parte de nosotros.

Y frente a esta situación, ¿cómo deberían ser los jueces en un país de muchas lenguas? El reciente congreso sobre justicia intercultural celebrado en Puno fue motivo para discutir este tema pues, acertadamente, incluyó la diversidad lingüística entre sus ejes temáticos. Debo adelantar que la discusión se centró en los jueces de carrera (desde jueces de paz letrado hasta jueces supremos) porque los jueces de paz normalmente sí ejercen su función en los idiomas de la localidad donde habitan.

Tuve la buena fortuna de participar en una de las 10 mesas de trabajo que permitieron el encuentro entre jueces de carrera, jueces de paz y líderes comunales de la mayoría de regiones del país. En la sesión que abordó el tema de la diversidad lingüística observé en los participantes de mi mesa la sensación de que, si bien es urgente establecer un sistema de traductores e intérpretes judiciales —esfuerzo en el que ya se está avanzando desde el Poder Judicial— posiblemente esa resulte una medida transitoria —vista a largo plazo— porque la sociedad que debemos aspirar debe ser una donde los jueces hablen el mismo idioma que la gente. Así deberían ser los todos jueces en un país como el Perú, no solo los jueces de paz.

Pero, ¿es eso posible? Sin duda lo es y los ejemplos que este año recibimos de jueces de Puno —que han empezado a realizar audiencias y escribir sentencias en quechua y aymara— son la mejor prueba:

Aunque los ejemplos de Puno son loables (incluso llamaron la atención de la prensa internacional), en las condiciones actuales es poco probable que eso se generalice pues la gran mayoría de jueces de carrera no habla ninguna lengua originaria porque no es requisito para acceder al cargo. Esperar que se generalicen por iniciativa personal de cada juez es improbable. Creo que por ello la versión preliminar de la Declaración de Puno que se leyó al concluir el congreso planteó que se promuevan políticas para que los jueces puedan emplear lenguas originarias en su labor de impartición de justicia.

Para cambiar la situación actual debemos pensar en algunas medidas orientadas hacia ese fin, alineadas con la declaración planteada en Puno. Considero que un primer paso debería ser la modificación de la Ley de Carrera Judicial (N° 29277) porque ni en los requisitos para ser juez ni en los artículos sobre el proceso de ratificación se exige conocer las lenguas indígenas de la zona donde se ejerce el cargo.

Los artículos 7 a 9 establecen los requisitos para ser juez superior, juez especializado o mixto y juez de paz letrado respectivamente. Cada uno de estos artículos tiene 5 incisos y considero que se les podría añadir a todos uno sexto que señale lo siguiente:

«6. Conocer al menos uno de los idiomas originarios que sea oficial en su ámbito de competencia territorial, de conformidad al artículo 48 de la Constitución Política».

En el caso de los jueces supremos, el artículo 6 de esta ley contiene 4 incisos con los requisitos, por lo que debería añadirse lo siguiente:

«5. Conocer al menos uno de los idiomas originarios que sea oficial en el territorio de la república, de conformidad al artículo 48 de la Constitución Política».

Por otro lado, el artículo 67 de la misma ley indica los aspectos que debe evaluar el Consejo Nacional de la Magistratura a todos los jueces cada siete años para decidir si los ratifica o no. Considero que a ese artículo se le debería añadir un inciso 7 de la siguiente forma:

«7. El conocimiento de al menos una lengua originaria oficial en su ámbito de competencia territorial».

Considero que una reforma de estos artículos es central para lograr que, algún día, tengamos ese Poder Judicial que a todos nos gustaría, en el que los jueces hablen el mismo idioma de la gente al ejercer su función, como los ejemplos de Puno. Mientras no tengamos un cambio de ese tipo, cualquier otra medida podría ser desandada por su fragilidad.

Si bien esta propuesta requeriría un esfuerzo de parte de los jueces que deban aprender una lengua nativa, creo que eso no debe ser un argumento en contra. La voluntad de aprender una lengua originaria que se hablan donde ejercen su labor sería una señal positiva de compromiso con el país y reflejaría que comulgan con el ideal de la interculturalidad, que nunca deja de interpelarnos a los peruanos. Sería un esfuerzo que vale la pena.

Evidentemente no todo se solucionaría modificando esos artículos de la Ley de Carrera Judicial. Habría que prever además otras medidas para su implementación, por ejemplo:

  • Establecer un período para que los jueces actuales puedan aprender una lengua nativa y acreditar dicho conocimiento. Un plazo razonable podría ser de tres años, como se estableció en Bolivia para todos los funcionarios públicos.
  • Establecer mecanismos de aprendizaje de los idiomas originarios para que, de manera efectiva, los magistrados puedan aprender los idiomas que les corresponda y acreditarlo. En esto deberían participar la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Cultura y apoyarse en todas las instituciones, públicas o privadas, que enseñen lenguas nativas.
  • Definir en forma precisa qué lenguas son oficiales en qué provincias o distritos del país. Esto porque, si bien la Constitución establece el criterio básico, debería establecerse de manera expresa para cada parte del territorio nacional porque así se podría saber con exactitud qué jueces deben aprender qué idiomas. El Ministerio de Cultura debería estar a cargo de esto, sobre lo cual ya tiene un avance significativo con el denominado Mapa sonoro.

Sin duda pueden ser necesarias otras medidas más. De hecho, me he referido solo al caso de los jueces de carrera, pero no a los secretarios, fiscales, defensores de oficio, policía y otros actores del sistema de justicia.

Y usted, ¿qué medida propondría?

Escrito por:

Anibal Gálvez Rivas

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