¿Cómo se aborda la interculturalidad en el proyecto de Código Penal?

El inicio del debate en el Congreso de la República del proyecto de nuevo Código Penal ha generado una serie de preocupaciones por la forma tan ligera cómo se ha planteado el cambio de importantes instituciones jurídicas así como por la pertinencia de las propuestas. Algunas de estas no tienen sustento en la realidad y resultan manifiestamente inconstitucionales, por lo que de prosperar en dichos términos significaría posibles conflictos y la afectación del orden social.

Precisamente  en la sección  denominada Diversidad Cultural y Justicia Indígena se aborda de manera sesgada uno de los temas sobre la denominada Jurisdicción Especial. En este sentido, en el artículo 16 señala lo siguiente:

«Artículo 16°. Jurisdicción Especial

  1. La ley penal no se aplica cuando las autoridades de las comunidades indígenas, sean comunidades campesinas o nativas, ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149 de la Constitución.
  2. Los miembros de las comunidades indígenas no pueden ser juzgados ni condenados por la justicia penal o administrativa, cuando previamente hayan sido juzgados o sancionados por las autoridades de la jurisdicción especial, sin perjuicio del control constitucional»

Como puede observarse, este artículo señala que la ley penal no será aplicable cuando las comunidades indígenas, sean comunidades campesinas o nativas ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149° de la Constitución. Al respecto, se trata de una fórmula similar a la establecida en el artículo 18 inciso 3) del Código Procesal Penal que señala que la Jurisdicción Penal Ordinaria no es competente en los casos referidos al citado artículo constitucional. La diferencia, esta vez, radica en la precisión que se hace en el nuevo texto cuando alude a la denominación comunidades indígenas, entendiendo por ellas a las comunidades campesinas y nativas. De otro lado, se excluye a las rondas campesinas.

T01

De este modo, un primer tema es el referido a lo que consideramos una gruesa equivocación cuando se utiliza una denominación –comunidades indígenas– que no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Si nos remitimos al Derecho Internacional tendríamos que concluir que la denominación actual es la de pueblos indígenas por lo que, en todo caso, es la fórmula que podría haberse utilizado.

Un segundo tema, gravísimo, es la exclusión del ejercicio de la jurisdicción especial en el caso de las rondas campesinas. Se aduce que las rondas forman parte de la organización comunal y que dependería de las comunidades campesinas y nativas si solicitan el apoyo de los ronderos. Al respecto, se aprecia un desconocimiento generalizado de esta clase de prácticas en el sector rural ya que si bien es cierto existen en varios lugares rondas al interior de las comunidades, también es verdad que en otros ámbitos geográficos existen rondas autónomas que desde hace décadas imparten justicia con toda legitimidad, siendo este el caso de zonas como Cajamarca, sierra de La Libertad, Lambayeque, Piura entre otras.

Mal se hace entonces al utilizar una interpretación literal o acorde al “sentido corriente” cuando lo adecuado hubiese sido interpretar de modo concordado y sistemático lo señalado en el artículo 149 de la Constitución, conjuntamente con lo que se denomina el Bloque de Justicia Intercultural que se desprende del mencionado artículo conjugado con lo señalado en el artículo 2 inciso 19 del texto constitucional, con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, con el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116  de la Corte Suprema y con el Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia que ha aprobado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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Un tercer tema tiene que ver con la constitucionalidad del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, aprobado en noviembre del 2009 por la Corte Suprema (de conformidad con el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que faculta al Poder Judicial a concordar su jurisprudencia). Este surge por decisión de la máxima instancia del Poder Judicial para armonizar la jurisprudencia existente, hasta ese momento, sobre una adecuada interpretación de la facultad jurisdiccional de las rondas campesinas que se desprendía del artículo 149 de la Constitución. Al respecto, la adopción del citado Acuerdo debe entenderse como parte de la reflexión interna desarrollada por años en los ámbitos jurisdiccionales que se traducían en las diversas sentencias judiciales que se pronunciaban sobre las rondas campesinas.

En este sentido, una lectura consistente que conjugue las normas que conforman el Bloque de Justicia Intercultural vigente en la actualidad, conducirían a establecer que las rondas campesinas son colectivos organizados en el ámbito rural que expresan la diversidad cultural existente en el país, las cuales realizan funciones jurisdiccionales con plena legitimidad. Todo lo cual tiene basamento normativo desde el momento en que el Estado tiene la obligación de reconocer esta pluralidad y el derecho fundamental a la identidad cultural.

Es por ello que el desarrollo posterior del ejercicio de la función jurisdiccional en el caso de las rondas campesinas, conjuntamente con el de las comunidades campesinas y nativas  ha tenido una notable inserción en el desarrollo de las políticas públicas jurisdiccionales que ha plasmado el Poder Judicial en los últimos seis años. Desde la creación de veintiún escuela de justicia intercultural en diferentes distritos judiciales, el desarrollo de cinco congresos de justicia intercultural, la aprobación de protocolos de trabajo que orientan a los magistrados sobre cómo relacionarse con la jurisdicción indígena, pero sobretodo, el impulso al proyecto de ley de coordinación intercultural de la justicia que actualmente se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de la República y con dictamen favorable.

Escrito por:
Javier La Rosa Calle
Asesor Principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República

 

 

2 Comments

  1. En primer lugar mi reconocimiento y felicitación por la inauguración de vuestra importante Revista.En el Proyecto de Nuevo Código Penal, todavía existen vacíos e importantes elementos por aclarar. Habrá que empeñarse para que los aspectos aludidos sean mejor tratados en el Pleno. En cuanto a las Rondas Campesinas, hay una enorme desconocimiento sobre estas vertebraciones sociales. Se le está tratando -en el Dictamen- únicamente como un espacio de autodefensa. Hay diversas manifestaciones de Rondas Campesinas en el país. Por ejemplo en el Sur del Perú, las Rondas son comités especiales de autodefensa; pero, en Cajamarca, las Comunidades tienen el nombre de Ronda, porque en esa zona ha desaparecido la antigua Comunidad Campesina.

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