Derechos Lingüísticos y el Poder Judicial

En el presente número de esta revista de actualidad de la ONAJUP se aborda un tema de suyo sustancial para una adecuada relación del Estado con una población que tiene la característica de ser multiétnica, pluricultural y multilingüe, especialmente cuando se trata de la prestación de servicios públicos.

La aproximación a este escenario en el Perú no hace más que evidenciar dos cosas: la carencia de políticas públicas en materia lingüística y el incumplimiento de lo dispuesto por la Ley No. 29735 -Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú-, lo que, según la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, a la fecha, ha generado que 37 lenguas indígenas u originarias se han extinguido y que las 47 restantes que aún se mantienen vivas se encuentran en peligro de extinguirse debido a que solamente son habladas por núcleos familiares o personas dispersas como es el caso del Taushiro y el Jaqaru, por ejemplo; pero también, el esfuerzo de reciente data en términos históricos de diversas entidades del sector público por implementar los derechos lingüísticos en sus servicios, como es el caso del Poder Judicial.

En efecto, tal como podrán apreciar en los diversos artículos que forman parte de esta publicación, el Poder Judicial, en el proceso de construcción de un sistema de justicia intercultural, ha iniciado, aunque tímidamente pero cada vez con mayor énfasis, la implementación de los derechos lingüísticos en el servicio de impartición de justicia ordinaria, tanto con la creación y funcionamiento del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias, que permite a ciudadanos que son procesados en sus tribunales cuya lengua materna no sea el castellano cuenten con el apoyo de un intérprete o traductor de su lengua capacitado especialmente para ejercer esa función, como en la capacitación de los jueces en las lenguas indígenas u originarias de su región.

En relación a lo segundo, no es raro ver hoy los cursos que con ese fin se organizan en distritos judiciales como Lambayeque, Ayacucho, Áncash y Puno, entre otros, o el esfuerzo particular de algunos jueces de aprender la lengua indígena u originaria predominante en su zona, como es el caso de la Juez Mónica Pomajambo con la lengua awajún en el distrito judicial de San Martín.

Mención especial merece el hecho que en este año en el distrito judicial de Puno, jueces ordinarios hayan expedido sentencias en las lenguas aimara y quechua, tal como se menciona en el artículo central a cargo de Renato Levaggi.

Lo anotado es un avance, le quedan aún al Poder Judicial grandes retos que superar para lograr que los derechos lingüísticos sean respetados cabalmente en los procesos judiciales, pero sus autoridades son conscientes que es su obligación hacerlo no solo por cumplir el mandato legal sino por la propia convicción de que todos los ciudadanos peruanos deben ser juzgados en un marco de igualdad.

Cabe indicar, porque es justo y necesario hacerlo, que las referencias anteriores son de la justicia ordinaria, pues en el caso de la justicia de paz que integra la línea básica de la arquitectura jurisdiccional del Poder Judicial, se trata de una práctica común en sus más de 180 años de existencia. Es cierto, según referencias históricas, los juzgados de paz desde su creación y en especial luego de la distribución de la tierra entre los campesinos por efecto de la reforma agraria llevada a cabo a fines del siglo pasado, atendieron a sus usuarios en la lengua indígena u originaria del lugar. Actualmente, constituye un requisito para ser juez de paz, tal como se aprecia en el numeral 6 del artículo 1º de la Ley No. 29824 -Ley de Justicia de Paz-

Lo anterior se ilustra con la presencia de Elsa Cahuaza Peaz, juez de paz del distrito de Awajún de la etnia del mismo nombre en San Martín como héroe anónimo en la revista, ella es bilingüe y ejerce sus funciones en su lengua aplicando además el derecho propio de su comunidad.

Esperamos que los artículos de este número de la revista reproduzcan, desde diferentes perspectivas, la situación actual de los derechos lingüísticos en el Poder Judicial y la dinámica del proceso de implementación progresiva en su sistema de justicia ordinaria, ya que de esta forma podemos entender mejor el cambio de paradigmas culturales impuestos desde la Colonia y el esfuerzo de enmienda de un error histórico del Estado peruano con la ciudadanía.

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