El debido proceso en la justicia de paz: ¿cómo evaluarlo bajo el nuevo régimen disciplinario?

Por: Pryscila Gamarra Ruiz

En el marco de la implementación del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado mediante R.A. N° 297-2015-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y vigente desde el 07 de noviembre de 2015, debemos tomar en cuenta que su finalidad es “asegurar a la sociedad la adecuada prestación del servicio de justicia de paz” (artículo 1), lo cual supone prestar atención al cumplimiento del debido proceso y cómo este se implementa en la justicia de paz.

Empecemos preguntándonos ¿qué es el debido proceso? En términos generales, es el principio jurídico procesal que garantiza el respeto de los derechos fundamentales en los procesos judiciales, de obligatorio cumplimiento por los administradores de justicia y por la cual toda persona tiene derecho a gozar de ciertas garantías mínimas que el Estado otorga, con la finalidad de asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. Tiene dos aspectos: el debido proceso sustantivo, entendido como el principio que protege a los ciudadanos de aquellas leyes emitidas contrarías a los derechos fundamentales; y el debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales, debiendo cumplirse ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante una sentencia justa para las partes intervinientes en el proceso y/o terceros que pueden verse perjudicados con la decisión. Como vemos, el debido proceso conlleva el doble carácter de los derechos fundamentales, por un lado es un derecho subjetivo y particular que es exigido por las personas y, es un derecho objetivo en cuanto asume una dimensión institucional al ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.

Además, podemos decir que el debido proceso incluye un conjunto de garantías constitucionales que deben ser cumplidas en su totalidad y pueden ser perfiladas al identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: demanda, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros derechos que son respetados antes, durante y después del proceso. Debemos precisar que todas las garantías que conforman el debido proceso y de obligatorio cumplimiento, son observadas con suma importancia por los jueces de la justicia ordinaria para asegurar que los procesos judiciales tramitados en sus despachos sean llevados a cabo en condiciones adecuadas y justas, respetando los derechos fundamentales de las personas y/o terceros intervinientes en el proceso. De este modo, los jueces pueden también evitar ser quejados por los abogados o sus patrocinados al no cumplir con las garantías del debido proceso, aperturando un procedimiento disciplinario conforme el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

Como podemos apreciar, para la justicia ordinaria el cumplimiento de las garantías del debido proceso es muy importante. También lo es para la justicia de paz. Esta es un sistema especial dentro de la administración de justicia, donde los procesos que se tramitan ante los jueces de paz, se desarrollan mediante procedimientos especiales regulados en la Ley No. 29824 –Ley de Justicia de Paz– y sus reglamentos, además el accionar de los jueces de paz se basa en la facultad que tienen para solucionar los conflictos de acuerdo a su leal saber y entender, respetando los derechos fundamentales de los habitantes de su localidad donde ejerce jurisdicción.

El debido proceso es también respetado por la justicia de paz, pero debido a que esta tiene características especiales, tiene rasgos particulares en este aspecto, que recoge el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz —D.S. 007-2013-JUS—:

  • Derecho a ser notificado. se refiere a que durante todo el proceso, el Juez de Paz empleará todos los medios a su alcance para garantizar que las partes estén adecuadamente informadas de las actuaciones del proceso, para ello son notificadas dentro de un plazo que no excederá de los cinco días hábiles contratados a partir de su ocurrencia, más el término de la distancia cuando corresponda.
  • Derecho a ser oído. Consiste en que todos los ciudadanos que acudan al Juez de Paz tienen derecho a exponerle las razones que estimen necesarias para fundamentar su posición dentro del proceso.
  • Derecho a defenderse. está dentro de las obligaciones del Juez de Paz el respetar y garantizar el derecho a la defensa de todo ciudadano, facilitando la presentación de los medios probatorios que considere necesarios.
  • Derecho a no estar sumido en una situación de desventaja con respecto a su contraparte procesal. se funda en que el Juez de Paz debe facilitar los mecanismos o condiciones necesarias a los ciudadanos, sin ninguna discriminación, para que los mismos puedan expresarse libremente en el desarrollo del proceso judicial.

Cuando los jueces de paz respetan estos cuatro derechos señalados cumplen con garantizar el debido proceso pues estos no están obligados a cumplir con todas las otras garantías que se exigen a la justicia ordinaria. De este modo pueden evitar también la apertura de un procedimiento disciplinario porque al cumplir con las garantías mínimas del debido proceso que exige el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz, están cumplimiento con un procedimiento acorde a la ley. Por el contrario, si el Juez de Paz omite cumplir con las garantías mínimas exigidas en la ley especial puede ser quejado o denunciado y sancionado mediante el procedimiento disciplinario especial para jueces de paz.

Por ello, cabe señalar que los órganos de control de la magistratura (OCMA y ODECMA), antes de aperturar el procedimiento disciplinario contra los jueces paz, deben tener en cuenta que la investigación de las infracciones disciplinarias de los jueces de paz es distinta a los jueces de la justicia ordinaria, pues el procedimiento disciplinario aplicado al juez de paz tiene una regulación especial que garantiza el respeto al debido proceso, teniendo en consideración su grado de instrucción, su cultura, costumbres y tradiciones, así como su lengua materna y el conocimiento que tiene del idioma castellano.

Dicho procedimiento disciplinario está regulado en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, siendo de observancia obligatoria por los órganos competentes del Poder Judicial, responsables de ejecutar la acción disciplinaria contra el juez de paz, sea titular, accesitario o cesante, y de aplicación obligatoria en la actuación de los jueces de paz del todo el país y en los procesos disciplinarios iniciados a partir de la fecha de su publicación y de la resolución que la aprueba con las formalidades de ley.

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