El diálogo intercultural es posible

A propósito de los congresos internacionales sobre justicia intercultural

A fines del mes de setiembre del año en curso se llevó a cabo en el ciudad de Puno el VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, evento convocado periódicamente por el Poder Judicial y que cuenta con la participación permanente de autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, además de funcionarios del sistema de justicia estatal, representantes de la sociedad civil como ONG y universidades, todos ellos procedentes de los diferentes departamentos del país.

En esta oportunidad, el VI Congreso eligió como ejes de la discusión a los derechos lingüísticos en el ámbito de los procesos judiciales, al enfoque de género en el contexto de la justicia ejercida por comunidades y rondas del país, y al derecho penal vigente desde la óptica de la interculturalidad y sus principios. Por el carácter novedoso y la trascendencia de estos temas, su análisis introductorio fue encomendado a reconocidos expositores y panelistas de origen nacional y extranjero, quienes compartieron con un auditorio de más de 250 personas sus opiniones en torno a las dificultades, avances y desafíos que evidencian los tres ejes tratados, a la luz de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, esta última aprobada por el Poder Judicial en diciembre de 2012.

Ahora bien, probablemente un observador externo y, con seguridad, los críticos de la adopción del enfoque de interculturalidad en el ámbito de la justicia del Perú, aprecien los congresos internacionales sobre justicia intercultural (en adelante los Congresos), apenas, como espacios de difusión de ideas, de diálogos sordos o, en el mejor de los casos, como encuentros de buenas voluntades, es decir, reuniones sin un efecto práctico e incapaces de influenciar en la formulación de políticas públicas. De ser así, estaríamos frente a una especie de simposio o seminario, donde unos pocos tienen la palabra, la mayoría escucha y a lo sumo pregunta, acabado el evento todos se despiden hasta el próximo encuentro, libres de cualquier compromiso o responsabilidad.

Sin embargo, desde su institucionalización en octubre de 2010, mediante la resolución administrativa 340-2010-CE-PJ, los Congresos del Poder Judicial están lejos de ser un simposio o un seminario, en lugar de ello se trata de una plataforma inédita para el diálogo intercultural, donde por primera vez convergen representantes del sistema de justicia estatal y del sistema de justicia especial (comunal y ronderil), quienes mediante el intercambio equitativo de ideas, fundado en la mutua comprensión y el respeto de la dignidad de todas las culturas, arriban a acuerdos y definen sus respectivas responsabilidades, materializados en este último caso en las denominadas “declaraciones de ciudad”.

«Los Congresos del Poder Judicial están lejos de ser un simposio o un seminario,

en lugar de ello se trata de una plataforma inédita para el diálogo intercultural.»

En efecto, a partir del año 2010, el Poder Judicial ha convocado a seis congresos en las ciudades de La Merced, Cajamarca, Huaraz, Lima, Piura y Puno[1], los cuales han concluido con una declaración oficial bautizada con el nombre de la sede del evento, cuyo contenido vale la pena recapitular con el objeto de dar testimonio sobre la cristalización de los frutos del diálogo intercultural en los Congresos convocados por este Poder del Estado.

Así, la Declaración de la Merced del 1 de octubre de 2010, introdujo, entre otros puntos, la necesidad de que se generen espacios de formación, capacitación e intercambio de saberes con enfoque intercultural para los operadores de justicia ordinaria y de autoridades de la jurisdicción indígena; asimismo de que se establezcan los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria y la justicia indígena; como también de que se plantee al Congreso de la República el desarrollo legislativo del artículo 149 de la Constitución Política. Pues bien, fruto de estos acuerdos, hasta el año 2012, el Poder Judicial a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) y las presidencias de las cortes superiores del país, ha inaugurado veinte escuelas o institutos de Justicia de Paz o de justicia intercultural en la mayoría de distritos judiciales del país[2]. Con un sustento similar, el 5 de octubre de 2011, este Poder del Estado presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 313/2011-PE, “Proyecto de Ley de coordinación Intercultural de la Justicia”, que no hace sino desarrollar el artículo 149 de la Constitución tras dos décadas de omisión legislativa, pese a lo cual sigue encarpetado en el Poder Legislativo.

Por su parte, la Declaración de Cajamarca del 10 de diciembre de 2010, además de ratificar los compromisos de la Declaración anterior, propuso la creación de una Oficina Nacional de Justicia Intercultural, dependiente del Poder Judicial, para desarrollar políticas de coordinación entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil. Fue así que, inicialmente mediante la resolución administrativa 417-2010-CE-PJ y posteriormente con la resolución 227-2012-CE-PJ del 12 de noviembre de 2012, la anterior Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) se reestructura para convertirse en la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, asumiendo a la vez funciones de fortalecimiento y de formulación de políticas en estas dos áreas de particular interés para el Poder Judicial.

En cuanto a la Declaración de Huaraz suscrita el 30 de noviembre de 2011, incorporó como uno de sus principales puntos de acuerdo la urgencia de desarrollar un protocolo de gestión a aplicarse por la justicia ordinaria, con el objeto de garantizar una adecuada investigación y juzgamiento de aquellos casos en que estén inmersos los miembros de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Como en los casos anteriores, este acuerdo respaldado por los delegados de la justicia estatal y especial presentes en la ciudad de Huaraz, se materializó el 27 de diciembre de 2013, fecha en la cual se aprobó oficialmente el “Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”, mediante resolución administrativa 333-2013-CE-PJ.

Respecto a la Declaración de Lima firmada el 15 de diciembre de 2012, recomendó, entre otros asuntos, la creación de una Escuela Nacional de Justicia Intercultural que se dedique a armonizar y potenciar los esfuerzos que desarrollan las cortes superiores en las áreas de investigación y capacitación en justicia intercultural; así como que ante el desinterés del Poder Legislativo en la aprobación del proyecto de ley 313/2011-PE, se elabore un protocolo de relacionamiento entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, basado en el mencionado proyecto de ley y en las conclusiones de los cuatro congresos anteriores. Siguiendo estas recomendaciones, a finales de diciembre de 2013, el Poder Judicial aprobó oficialmente el “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia”, mediante resolución administrativa 333-2013-CE-PJ, y en el actual Plan de Gestión y Modernización del Poder Judicial 2015-2016, bajo la batuta del Presidente del Poder Judicial, señor Víctor Ticona Postigo, figura el compromiso de poner en funcionamiento la Escuela Nacional de Justicia Intercultural, dotando a tales efectos del presupuestario necesario a la ONAJUP.

Por último, la Declaración de Piura del 21 de diciembre de 2013, cierra un ciclo de importantes acuerdos previos alcanzados a través del diálogo intercultural, mediante la ratificación de los contenidos y aportes de los protocolos de coordinación y actuación elaborados por el poder judicial; mediante el apoyo a la propuesta de ley de coordinación intercultural de la justicia, por entonces aprobada por la Comisión correspondiente del Congreso de la República; o mediante la adhesión a la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del Poder Judicial, recomendando eso sí la incorporación de más representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional o el Poder Ejecutivo[3].

Hasta aquí hemos recapitulado los principales hitos del diálogo intercultural promovido por los Congresos del Poder Judicial, sin embargo nuestra intención no es detenernos únicamente en los logros de este Poder del Estado, ignorando a la vez que resta implementar un importante número de compromisos, como por ejemplo, la recopilación y sistematización de jurisprudencia con pertinencia cultural, o la creación de instancias de coordinación entre sistemas de justicia a nivel de los distritos judiciales. Nuestra principal intención con este artículo es señalar que, bajo ciertas condiciones, el diálogo entre personas y autoridades procedentes de más de un universo cultural es viable y además puede ser fructífero para todos.

A nuestro juicio, las condiciones que han permitido que el diálogo intercultural avance dentro de la rama judicial son, en primer lugar, la institucionalización del diálogo tanto en las estructuras de la justicia ordinaria cuanto de la justicia especial; en segundo lugar, la planificación del diálogo en el contorno de una Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural y sus objetivos; en tercer lugar, la permanencia del diálogo bajo la forma de los Congresos anuales y otros espacios de reunión a escala de los distritos judiciales; y en cuarto lugar, la voluntad de los protagonistas para materializar sus responsabilidades y exigir lo mismo de sus contrapartes.

«Las condiciones que han permitido que el diálogo intercultural avance dentro de la rama judicial son

la institucionalización del diálogo tanto en las estructuras de la justicia ordinaria cuanto de la

justicia especial, la planificación del diálogo en el contorno de una Hoja de Ruta de la Justicia

Intercultural y la permanencia del diálogo bajo la forma de los Congresos anuales

y otros espacios de reunión.»

[1] El desarrollo de estos seis congresos no ha estado exento de dificultades, principalmente de índole presupuestal y geográfica. Se sabe, por ejemplo, que buena parte de los participantes procedentes de departamentos como Loreto, Huancavelica, entre otras regiones del país comienzan  su viaje con muchos días de anticipación a la fecha de inicio del Congreso, debido a que deben sortear barreras geográficas simbolizadas en ríos o montañas, o enfrentar las brechas de infraestructura y servicios públicos en zonas rurales, a saber, la falta de carreteras o transporte que los traslade su lugar de origen.

[2] Las escuelas e institutos corresponden a los distritos judiciales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

[3] Lamentablemente, al momento de escribir este artículo, no se cuenta con la versión oficial de la Declaración de Puno, adoptada recientemente el 26 de setiembre de 2015. Se sabe ciertamente que incluirá compromisos concretos en la línea de garantizar los derechos lingüísticos y el enfoque de género en el interior de los sistemas de justicia, así como que introducirá recomendaciones para reinterpretar la figura del “error de comprensión culturalmente condicionado” o mejorar la formulación de los denominados “peritajes antropológicos”.

Escrito por:
Jaime Escobedo Sánchez

 

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