El reto de implementar derechos lingüísticos en el Poder Judicial

En Cusco, un padre que acaba de terminar de servir el desayuno a sus dos hijos pequeños, con quienes conversa amenamente en quechua, los despide con un beso en la frente y con la firme recomendación de que sólo hablen en castellano en el colegio, “por su bien”. En Moyobamba, una joven llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal y explica lo que siente desesperadamente -en awajún- a un doctor que no le entiende absolutamente nada. En Lima, un hombre está sentado en la sala de un juzgado rodeado de una veintena de personas que hablan una tras otra sin que él pueda entender otra cosa que la constante repetición de su nombre. Sólo habla shipibo, nadie más en esa sala lo hace.

Situaciones como las anteriores son comunes en el Perú actual y –aunque distintas- comparten el hecho de responder a una compleja serie de factores históricos, políticos, socioculturales, económicos, entre otros tantos. Ambas, además, ostentan el atributo de retratar las consecuencias, en distintos niveles ciertamente, de la configuración discriminatoria de los servicios públicos que brinda el Estado –por excelencia el garante de los derechos fundamentales- y la consecuente vulneración de los derechos lingüísticos de los millones de peruanos y peruanas que poseen una lengua indígena u originaria como lengua materna. También encuentran la desafortunada similitud de representar a la regla y no a la excepción en cuanto la situación del respeto de estos derechos y de otros relacionados a la identidad cultural de los pueblos indígenas en el país. Todo lo anterior se manifiesta, incluso, tras casi un lustro de vigencia de Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú (Ley 29735).

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La excepción a la regla, sin embargo podría estar iniciándose en una de las instituciones con la estructura más rígida y positivista por excelencia en el país: el Poder Judicial.

A mediados del año pasado se llevó a cabo el primer curso en la historia de esta institución que preparó a intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias para participar en procesos judiciales y así garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos indígenas que participan en los mismos. Se graduaron alrededor de treinta mujeres y hombres hablantes de diez distintas lenguas indígenas u originarias. Todas estas personas, forman ahora parte del registro creado por el Poder Judicial para ese fin. Cabe resaltar que el curso se realizó en coordinación con la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, oficina con la que se ha proyectado la realización del segundo hacia el final del presente año.

Coincidentemente, durante el desarrollo del primer curso, la Corte Superior de Amazonas, requirió la participación de intérpretes de las lenguas awajún y wampís en su proceso por el caso denominado “Baguazo”. Dos personas hablantes de estas lenguas que se encontraban llevando el curso, Dina Ananco e Isaac Paz, fueron capacitados fuera de los horarios de clase en la propia Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena –ONAJUP- sobre terminología procesal penal para poder desempeñar mejor su función en un juicio por lo demás trascendental en la historia reciente. Estas reuniones fueron claves, pues significaron un espaldarazo para los intérpretes que se fue complementando con capacitaciones sobre justicia intercultural para los propios magistrados de Amazonas. La consecuencia fue que poco a poco el proceso judicial, como escenario para la interpretación fue deviniendo en menos “hostil”.

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Como ellos, el resto de intérpretes que forman parte del registro realizan labores en las distintas cortes superiores de las regiones en donde viven, atendiendo una necesidad que antes era absolutamente desatendida, aunque en ciertas oportunidades subsanada con el concurso de algún trabajador de la corte o en el mejor de los casos con la contratación ad hoc de un intérprete no especializado en procesos judiciales.

La idea del Poder Judicial es incrementar la cobertura de los servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas u originarias a lo largo y ancho del país, así como buscar satisfacer la demanda de las 47 lenguas reconocidas actualmente, todo ello ciertamente con una vocación temporal y de transición. Esto último debido a que la aspiración fundamental, desde la mirada de los derechos lingüísticos, debe ser llegar a un escenario en el que los servicios públicos sean brindados en la lengua materna de los administrados en todos o la gran mayoría de casos y que la necesidad de la utilización de los servicios de un intérprete o traductor se convierta en una situación eminentemente excepcional.

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Hacia esa situación que se podría percibir hasta utópica, se dieron pequeños pasos con la iniciativa de contar finalmente con intérpretes y traductores acreditados por la propia institución; mientras que otros tantos se dieron en el Distrito Judicial de Puno, en donde dos juzgados, uno en Ilave y otro en Azángaro, dictaron sentencias en aymara y quechua, respectivamente. Estos últimos constituyen hechos sin precedentes que han sido reconocidos por el Congreso de la República así como difundidos a nivel nacional e internacional y representan un cambio desde los propios operadores del sistema de justicia ordinario, percibidos como los más rígidos funcionarios.

perou72Por lo demás, se ha empezado a realizar cursos de capacitación de forma bilingüe dirigidos a jueces de paz, los históricos principales exponentes en el país de la administración de justicia con pertinencia cultural y un valioso ejemplo para sus pares ordinarios; se ha elaborado un mapa etnolingüístico judicial, también en colaboración con la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, que se encuentra en proceso de aprobación; entre otras acciones de una institución que ha comprendido la importancia del respeto a estos derechos, no sólo por el hecho de que la lengua sea expresión de la identidad de los pueblos y el reconocimiento de la diferencia es clave para la obtención de la justicia social y ciudadanía, sino además porque la lengua funciona como vehículo para la consecución de otros derechos, al mejorar y permitir su acceso a estos últimos. Las consecuencias de este giro podrían ser grandiosas en la medida del gran poder decisorio que ostentan los jueces, como garantes de los derechos de los procesados. Basta con imaginar la cantidad de casos penales que, en la etapa de control acusatorio, se caerían cuando el juez observase que no se cumplió con respetar los derechos lingüísticos de una persona durante toda la etapa de investigación.

El camino es largo y recién ha comenzado, las iniciativas particulares deben seguir convirtiéndose en políticas institucionalizadas, la designación de funcionarios públicos debe considerar su conocimiento de la lengua o lenguas indígenas predominantes en las regiones en donde vayan a trabajar así como el conocimiento de las culturas locales, las facultades de derecho deben incluir la justicia intercultural y los derechos lingüísticos en sus currículos, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben comenzar procesos parecidos, la excepción debe convertirse en la regla, en fin…

En Bagua, un hombre está sentado en la sala de un juzgado rodeado de una veintena de personas, el juez, el fiscal y otras autoridades se dirigen a él en wampís, su lengua materna, el responde de la misma manera, es absuelto. En Puno, una joven llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal y explica lo que siente en aymara a un doctor que le entiende perfectamente, es curada. En Junín, un padre que acaba de terminar de servir el desayuno a sus dos hijos pequeños, con quienes conversa amenamente en asháninka, los despide con un beso en la frente y con la firme recomendación de que hablen su lengua materna en el colegio, por su bien.

Escrito por:
Renato Levaggi

 

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