Juan Carlos Eguren: “Sólo las Comunidades Campesinas y Nativas con calidad de indígenas tienen función jurisdiccional”

En el contexto actual, en el que se discute un nuevo Código Penal, pazAtiempo entrevistó al congresista Juan Carlos Eguren, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, para conocer cómo se incorporó la interculturalidad en el proceso de reforma de este importante código.

Primera parte: el Dictamen del nuevo Código Penal

PazAtiempo: ¿Quiénes participaron en la elaboración del proyecto de nuevo Código Penal?

Juan Carlos Eguren:  El dictamen actualmente aprobado plantea un nuevo Código Penal y acumula 150 proyectos de ley. El Proyecto de Ley 3491/2013-CR, que propone la Ley del Nuevo Código Penal es la propuesta más amplia que permite la acumulación del total de proyectos de ley. Este proyecto se adoptó sobre la base del Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal elaborada por la Comisión Especial Revisora del Código Penal creada mediante Ley 29153.

Sustentado en ese trabajo final, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo conformado por los congresistas Alberto Beingolea Delgado (coordinador), Rosa Mavila León y Cenaida Uribe Medina. Su finalidad fue revisar integralmente el marco normativo penal vigente y plantear un nuevo texto que incluyese el estudio de los proyectos de ley en materia penal y las leyes penales especiales vigentes. Este grupo presentó su informe final ante el pleno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la primera legislatura 2013-2014 y fue aprobado.

Finalmente, por disposición de la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, (mediante Oficio Circular 017-2013-2014-CJDHH/CR-P), y con el objeto de actualizar la labor del indicado grupo de trabajo, se dispuso la realización de reuniones de asesores de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con comunicaciones oficiales de cada una de las referidas instituciones acreditando a un representante.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acreditó al abogado José Luis Medina Frisancho (Oficio 827-2013-JUS/DM). Por su parte, el Ministerio Público acreditó al doctor Alcides Chinchay Castillo, mientras que el Poder Judicial acreditó al doctor Luis Yshii Meza (Oficio 5419-2013-P-PJ). Asimismo, la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dispuso la participación del asesor Miguel Angel Soria Fuerte.

Este grupo de asesores realizó su labor entre los meses de enero y abril de 2014, todos los viernes en horario diurno, logrando actualizar la propuesta de nuevo Código Penal, tomando en cuenta las nuevas reformas al Código Penal vigente.

De este modo, el Proyecto de Ley 3491/2013-CR es expresión de esta labor.

P: ¿Fue un debate con convocatoria abierta?

JCE: El debate para la aprobación del nuevo Código Penal siguió el trámite de todos los proyectos de ley. Esto es, su estudio, debate y aprobación por parte del pleno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

P: ¿De qué manera se buscó recabar la opinión de todos los interesados en el dictamen del nuevo Código Penal?

JCE: En el proceso de estudio se realizó la solicitud y recepción de opiniones e información de diversas instituciones y consultores, mediante el envío de oficios (la lista de oficios enviados puede ser vista al fina de la entrevista). Del mismo modo, en ese mismo proceso de estudio, toda persona puede acceder a la página web del Congreso de la República, descargar el proyecto de ley correspondiente y remitir por ese mismo medio sus opiniones o comentarios.

Segunda parte: La jurisdicción especial

P: ¿De qué manera se llevó a cabo la elaboración del capítulo sobre justicia especial?

JCE: Se tomó como base lo planteado por el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal elaborada por la Comisión Especial Revisora del Código Penal creada mediante Ley 29153.

P: ¿Se utilizaron otros medios además de los tradicionales para recabar la opinión de los gremios campesinos?

JCE: Se usaron todos los canales oficiales previstos por la ley.

P: ¿La comisión ha considerado proponer la ejecución de un proceso de Consulta Previa de los artículos 14, 15 y 16 antes de su virtual promulgación?

Sí se ha considerado realizar la consulta previa. Sin embargo, no se ha realizado por cuanto no existe aún el proceso legislativo mediante el cual pueda realizarse. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología tiene pendiente aprobar dicho procedimiento.

Tercera parte: Comunidades campesinas y nativas

P: ¿Por qué en el dictamen la Comisión utilizó el término de comunidades indígenas cuando desde hace cuatro décadas se sabe que son comunidades campesinas y nativas?

JCE: Cuando el artículo 16 del dictamen del Nuevo Código Penal hace referencia a las “comunidades indígenas”, se refiere a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en la Ley 29785 y en el Convenio 169 de la OIT. La expresión “comunidad” ha sido utilizada para ser concordada con la existencia de las comunidades campesinas o nativas conforme lo prevé la legislación peruana.

Por dicha razón es que la disposición del indicado artículo 16 establece “las autoridades de las comunidades indígenas, sean campesinas o nativas” con el objeto de circunscribir la aplicación de la jurisdicción especial solo a aquellos pueblos o comunidades indígenas, nativas o campesinas de acuerdo con la legislación interna, porque estas, conforme a la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT, cuentan con el reconocimiento del ejercicio de la jurisdicción especial.

P: El artículo 149 de la Constitución Política del Perú reconoce a las rondas campesinas como parte de la jurisdicción especial, sin embargo, el artículo 16.1 del dictamen del nuevo Código Penal, las excluye. ¿Cuál es la razón?

JCE: El artículo 149 de la Constitución Política establece que “[l]as autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.

Este dispositivo constitucional no reconoce el ejercicio de jurisdicción especial a las rondas campesinas. Sin embargo, tampoco les niega dicha posibilidad, pero debe quedar claro que ello dependerá de la organización de las propias Comunidades Campesinas o Nativas, en el sentido de si su derecho consuetudinario las reconoce o no dentro de su estructura organizativa para la administración de funciones jurisdiccionales. Por este motivo, el artículo 16 del dictamen que aprueba el Nuevo Código Penal señala que “La ley penal no se aplica cuando las autoridades de las comunidades indígenas, sean campesinas o nativas, ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política”.

En virtud de una interpretación conforme al sentido corriente que se deben atribuir a los términos del citado dispositivo constitucional, es posible concluir que la Constitución Política reconoce a las Comunidades Campesinas y Nativas la facultad de ejercer función jurisdiccional en su ámbito territorial, de conformidad con su derecho consuetudinario y sin violación de derechos fundamentales. Esta conclusión también ha sido sostenida por el Tribunal Constitucional del Perú, supremo intérprete de la Constitución Política (Expediente No. 01126-2011-HC/TC. Juana Griselda Payaba Cachique. Fundamento jurídico 16; Expediente No. 0022-2009-PI/TC. Gonzalo Tuanamá Tuanamá y más de 5000 ciudadanos. Fundamento jurídico 4).

En ese marco constitucional, es posible señalar con claridad que las Rondas Campesinas pueden cumplir un rol de apoyo a la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas, mas no asumir funciones jurisdiccionales al margen de ellas.

P: La exclusión de las rondas campesinas del nuevo Código Penal puede crear y alimentar conflictos sociales, ¿se han evaluado las repercusiones que tendría la criminalización de la actuación de la justicia rondera más de 5 años después que el Poder Judicial reconoció su actuación?

JCE: La aprobación del artículo 16 del Nuevo Código Penal no excluye a las rondas campesinas del ejercicio de funciones jurisdiccionales si el derecho consuetudinario de los pueblos o comunidades indígenas campesinas o nativas así lo establece. No debe confundirse la organización y funciones de las rondas campesinas con las de los pueblos o comunidades indígenas que, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, son dos instituciones completamente distintas y tienen diferente regulación.

El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 adoptado en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, es inconstitucional e ilegal. Dicho documento es inconstitucional puesto que reconoce a las rondas campesinas funciones que la Constitución Política no las prevé. La función jurisdiccional reconocida a las Comunidades Campesinas y Nativas en el artículo 149 de la Constitución Política, es aquella ejercida por las Comunidades Campesinas o Nativas indígenas en tanto grupo humano preexistente a la formación del Estado con características propias que las diferencian de la población en general.

En efecto, las Comunidades Campesinas y Nativas preexistieron a la formación del Estado peruano. Así por ejemplo, Wilfredo Ardito asegura que el origen remoto de las comunidades, denominadas hoy como Comunidades Campesinas, puede rastrarse hasta el ayllu prehispánico (2010: 92). En el caso de las Comunidades Nativas, aunque no se refiere en estricto a su origen, deja entrever por lo menos que el origen se remonta, sino antes, desde el régimen incaico, pasando por la colonia y manteniéndose hasta nuestros días (2010: 117).

Lo expresado hace referencia a una parte del contenido ius fundamental del derecho a la identidad cultural reconocido en el artículo 2.19 de la Constitución Política. El derecho a la identidad cultural básicamente consiste en el derecho de todo grupo étnico-cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocido como diferente; conservar su propia cultura y patrimonio cultural tangible o intangible; y a no ser forzado a pertenecer a una cultura diferente o ser asimilado involuntariamente por ella (Ruiz 2006: 45). El derecho consuetudinario indígena se encuentra dentro del contenido del patrimonio cultural intangible y es parte integrante de la cultura de los pueblos y elemento central de la identidad étnica, por lo que se ha afirmado que “un pueblo que ha perdido su derecho ha perdido parte importante de su identidad” (M.T. Sierra, citada por Ruiz 2006: 61). El derecho indígena comprende los sistemas de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses. Debe tenerse en cuenta, además, que las prácticas culturales indígenas (como el sistema de parentesco, las concepciones religiosas y el vínculo con la tierra) están presentes a la hora de administrar justicia (Ruiz 2006: 61).

Por su parte, en el Derecho internacional, el artículo 8 del Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes prevé que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En sentido similar, el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce el derecho de dichos pueblos a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Del mismo modo, la Corte Interamericana ha indicado que para garantizar efectivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural (Corte IDH 2005, párr. 51).

Una de las más notables diferencias de los pueblos indígenas con el resto de la población está referida a la especial relación y consideración que tienen sobre su tierra. Así, el mismo tribunal ha señalado que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (CorteIDH 2001: párr. 149, 2004: párr. 85, 2005: párr.. 131 y 2006: párr. 118). Parte de ese legado cultural que se debe garantizar a los pueblos indígenas para ser aplicado en el presente y transmitido a las generaciones futuras, es el ejercicio de su función jurisdiccional aplicando su propio derecho consuetudinario para la resolución de los conflictos acontecidos en su ámbito territorial.

En esos términos también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al realizar una interpretación sistemático-constitucional respecto a los derechos de las Comunidades Campesinas y Nativas y las correlativas obligaciones del Estado peruano al señalar que:

“[…] debe subrayarse el artículo 2, inciso 19, de la Constitución, que establece, además del derecho a la identidad étnica y cultural, una clara dimensión objetiva en cuanto se obliga al Estado a proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la Nación. Igualmente, debe tenerse presente que el artículo 89 de la Norma Fundamental reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades nativas, así como la libre disposición de sus tierras, reiterándose de igual forma la obligación del Estado de respetar su identidad cultural. Manifestación de la autonomía referida será la posibilidad de que estas comunidades puedan ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial siempre que no violen derechos fundamentales (artículo 149). Se establece además en el texto constitucional (artículo 48) que, además del castellano, también son idiomas oficiales el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Es relevante mencionar también que el artículo 191 de la Constitución prescribe que la ley establecerá porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales y Concejos Municipales. Con ello, los pueblos indígenas -término utilizado en el Derecho internacional- han sido proveídos con herramientas legales que buscan proteger su existencia y su cosmovisión […]” (énfasis añadido) (TC, Sentencia recaída en Exp. 03343-2007-PA/TC, FJ 28; del mismo modo sentencias en los Exp. 0022-2009-PI/TC y Exp. 01126-2011-HC/TC, FJ 16).

De esta manera, el Estado peruano reconoce, en relación con los pueblos indígenas, el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural, lo que tendrá que efectuarse siempre dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, el dialogo intercultural, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona, los principios de soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho y la forma republicana de gobierno (TC, Sentencia recaída en Exp. 01126-2011-HC/TC, FJ 16).

En consecuencia, se debe reafirmar que sólo las Comunidades Campesinas y Nativas, que tienen la calidad de indígenas conforme a las normas de derecho interno e internacional, tienen la facultad de ejercer función jurisdiccional de acuerdo con su derecho consuetudinario y con respeto de los derechos fundamentales.

El referido Acuerdo Plenario adoptado por el Poder Judicial también es ilegal puesto que excede lo establecido en la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas, en la que se reconoce personalidad jurídica a las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal, las que pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan (no las ejercen) el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. El artículo 1 in fine de la citada ley establece que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca. Dentro de las funciones que les corresponde, no se encuentra el ejercicio autónomo de jurisdicción como se ha indicado.

Finalmente, con la adopción del artículo 16 del Nuevo Código Penal no se puede comprender que se está criminalizando a las rondas campesinas pues no se aprobado la tipificación de ningún delito que reprima su importante función, además de contar con la Ley 27908 y con el artículo 149 de la Constitución Política que establecen claramente sus competencias. En todo caso, el conflicto no provendría de la adopción del Nuevo Código Penal, sino de las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que generan expectativas en las rondas campesinas no previstas ni en el Convenio 169 de la OIT, ni en la Constitución Política del Perú ni en la ley.

El Estado reconoce el valor de la importante función que cumplen las rondas campesinas y contamos con que lo expresado en esta respuesta coadyuve al diálogo y no a la generación de conflictos que generan daños irreparables para la nación peruana.

Cuarta parte: Ley de Coordinación

P: ¿Qué opinión tiene Ud. sobre los proyectos de Ley de Coordinación Intercultural de la justicia? (Proyectos que buscan desarrollar el artículo 149)

JCE: Desde mi rol como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos estoy de acuerdo con la necesidad de aprobar una ley que desarrolle el artículo 149 en su real contenido y conforme a las obligaciones del Estado peruano sobre los pueblos o comunidades indígenas u originarios.

P: ¿Existe algún orden de prioridad para que se dictaminen los proyectos de Ley de Coordinación Intercultural de la justicia?

JCE: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene en su agenda, desde octubre de 2014, un predictamen que recomienda la aprobación de los Proyectos de Ley 313/2011-PJ, 973/2011-CR, 2751/2013-CR y 2886/2013-CR con un texto sustitutorio denominado Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia que esperamos se pueda someter a debate lo más pronto posible después de atender el debate de otros proyectos de ley de la misma importancia. Del orden de veintitrés proyectos de ley pendientes de debate, la materia consultada se encuentra en la prioridad diecisiete.

Lista de oficios enviados:

  • Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Oficio P.O. 1001-CJ-DDHH-CR/2013-2014 de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio P.O. 1002-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Defensa, mediante Oficio P.O. 1003-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Economía, mediante Oficio P.O. 1004-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio del Interior, mediante Oficio P.O. 1005-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Oficio P.O. 1006-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Educación, mediante Oficio P.O. 1007-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Salud, mediante Oficio P.O. 1008-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Agricultura, mediante Oficio P.O. 1009-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Trabajo, mediante Oficio P.O. 1010-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Energía y Minas, mediante Oficio P.O. 1011-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio P.O. 1012-CJ-DDHH-CR/2013-2014 de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de la Producción, mediante Oficio P.O. 1013-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Oficio P.O. 1014-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio P.O. 1015-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio del Ambiente, mediante Oficio P.O. 1016-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Cultura, mediante Oficio P.O. 1017-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Oficio P.O. 1018-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Poder Judicial, mediante Oficio P.O. 1019-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio Público, mediante Oficio P.O. 1020-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Defensoría del Pueblo, mediante Oficio P.O. 1021-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Consejo Nacional de la Magistratura, mediante Oficio P.O. 1022-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Jurado Nacional de Elecciones, mediante Oficio P.O. 1023-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante Oficio P.O. 1024-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Contraloría General de la República, mediante Oficio P.O. 1025-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Consultor Dr. Felipe Villavicencio Terreros, mediante Oficio P.O. 1026-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Consultor Dr. Iván Meini Méndez, mediante Oficio P.O. 1027-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Consultor Dr. Arsenio Oré, mediante Oficio P.O. 1028-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • ONU PERÚ, mediante Oficio P.O. 1029-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • UNODC para Perú y Ecuador  Oficio P.O. 1030-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficio P.O. 1046-CJ-DDHH-CR/2013-2014  de 23 de mayo de 2014.

Referencias:

Ardito Vega, Wilfredo Jesús (2010) La promoción del acceso a la justicia en las zonas rurales. Tesis doctoral en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Nota del Editor: recomendamos la versión publicada por la ONAJUP de esta tesis: http://goo.gl/YyKmik)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001). Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.  Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79.

———- (2005) Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.

 ———- (2004). Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116.

———- (2006). Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.  Sentencia de 29 de marzo de 2006.

Ruiz Chiriboga, Oswaldo (2006). El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías nacionales: Una mirada desde el Sistema Interamericano. En: Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos, Número 5, Año 3.

Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en Expediente No. 03343-2007-PA/TC. Jaime Hans Bustamante Johnson.

———- Sentencia recaída en Expediente No. 0022-2009-PI/TC. Gonzalo Tuanamá Tuanamá y más de 5000 ciudadanos.

———- Sentencia recaída en Expediente No. 01126-2011-HC/TC. Juana Griselda Payaba Cachique.

——— Sentencia recaída en Expediente No. 01126-2011-HC/TC. Juana Griselda Payaba Cachique.

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