Víctor Prado Saldarriaga: “Las rondas campesinas cumplen un rol jurisdiccional”

Luego de la gran polémica que se vive en el país a raíz del Proyecto de nuevo Código Penal que se está debatiendo en el Congreso de la República, donde se omite a las rondas campesinas como parte de la jurisdicción especial en el artículo 16.1, se entrevistó al Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga (Presidente de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial) para poder conocer su opinión con relación al tema y sus apreciaciones sobre cómo el proyecto de Ley aborda el tema de esta importante organización campesina.

PazAtiempo: ¿Cuál es la labor que vienen cumpliendo las rondas campesinas en el Perú?

Víctor Prado: Las rondas campesinas tienen un rol muy importante en el desarrollo de medidas de control social al interior de grupos comunales en los que no hay una autoridad similar a la que podemos encontrar en comunidades andinas o nativas de la Amazonía. Su trabajo viene siendo muy productivo y útil para la realización de los fines de la justicia en el Perú.

P: ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo administran justicia las rondas campesinas?

VP: Yo creo que un órgano jurisdiccional de la justicia ordinaria no puede emitir una opinión sobre una práctica que es propia de otro órgano de jurisdicción y del quehacer práctico o normativo que es completamente diferente. El Poder Judicial se ha dedicado a “entender” la administración de justicia de las rondas campesinas.

P: ¿Cree que las medidas que ellos toman para administrar justicia funcionan y dan buenos resultados?

VP: No soy yo quien pueda juzgarlas sino que, reitero, es la comunidad donde éstas se dan. Por lo que podemos observar en línea externa, hay satisfacción importante en los núcleos que se someten a las decisiones y jurisdicción ronderil que lo hacen de manera continua en áreas muy conflictivas como por ejemplo: Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

P: ¿Bajo qué parámetros las rondas campesinas han sido reconocidas como parte de la justicia originaria?

VP: Hay diferentes fuentes normativas que se utilizan para dar legitimidad al proceder de las rondas campesinas. Sin embargo, la lectura de estos instrumentos vigentes no es del todo uniforme. Es así que, en el contexto actual en el que se debate un nuevo Código Penal, la comisión que patrocina el documento que viene siendo analizado desconoce la normatividad existente la cual parte del artículo 149 de la Constitución o de las Leyes y Reglamentos que se han derivado para dar una asimilación de las rondas campesinas a las comunidades nativas y andinas; mientras que, por su parte, el Poder Judicial se va por el tema de aceptación social que puedan tener las mismas.

P: Sobre el artículo 16.1 del Dictamen del nuevo Código Penal, ¿Qué razones desde su punto de vista considera que ha debido tener el congreso para omitir a las rondas campesinas?

VP: Considero que es una opción muy conservadora y limitada en información antropológica y en la interculturalidad. Creo que ese sesgo ha podido llevar a entender que el artículo 149 tiene una lectura meramente gramatical donde las rondas campesinas aparecen siendo una especie de órgano parapolicial que apoya a las comunidades andinas y amazónicas para ejercer sus funciones jurisdiccionales negándoles directamente ese rol. Sin embargo, en muchas partes del país sencillamente hay rondas campesinas de acuerdo a la necesidad que hubo en el ámbito jurisdiccional desde algún momento. Yo creo que no tiene nada que ver con el Código Penal, más bien tendría relación con el Código Procesal que abarca temas más amplios.

P: Sabemos que este tema se está debatiendo en el Congreso, pero ¿qué consecuencias cree usted que habría de no hacerse la corrección de este tema?

VP: Las consecuencias no van a ser de ningún orden significativo pues el Poder Judicial seguirá aplicando su jurisprudencia y entendiendo tal como lo ha señalado el Acuerdo Plenario. Yo creo que el problema será la reacción de las mismas rondas campesinas que se sientan deslegitimadas u ofendidas por una actitud que aparentemente resulta como una ingratitud del trabajo que han venido desempeñando.

P: Incluso ahora sabemos que las Rondas Campesinas han organizado un Paro Nacional el día 22 de Junio a raíz de este tema…

VP: Yo creo que el pleno del Congreso debe enmendar la plana a la Comisión respectiva. He seguido de cerca los primeros debates, veo que hay posiciones muy claras en diferentes parlamentarios en torno a la necesidad de recuperar el espacio ganado ya por las rondas campesinas y que significa una modificación o supresión de este artículo 16.1. Ahora todo está en manos del pleno.

P: ¿Qué pasaría si se aprueba el artículo 16.1, tal como está actualmente, y alguien denuncia a las rondas campesinas por impartir justicia?, ¿el Poder Judicial tendría que juzgarlas?

VP: Ahí habría una discusión técnica, el Congreso da las leyes y los jueces las interpretan. Por ende, la línea de interpretación se regirá por el marco normativo que hemos estructurado de acuerdo a nuestra jurisprudencia de la materia y al acuerdo plenario y, sobretodo nuestros congresos internacionales y nacionales, realizados en diferentes partes del país, han congregado justamente a todos los estamentos que participan de la administración de justicia con enfoque intercultural, del cual participa la Corte Suprema.

P: ¿Entonces no considera que este artículo pondría al Poder Judicial en una posición difícil pues ha trabajado bastante en el apoyo de las rondas campesinas y las comunidades?

VP: Al que podría poner en aprietos es al Ministerio Público pues el Poder Judicial está al final de cualquier decisión sobre cualquier conducta criminalizada. Primero está el Ministerio Público con los policías los que tendrán que evaluar si cabe entender que el proceder de las rondas campesinas habría sido criminalizado por dicho artículo 16.1, que tampoco crea delitos. Entonces, yo no puedo entender que ese artículo criminalice a las rondas campesinas.

P: ¿Por qué cree usted que es importante la coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Especial?

VP: Por una razón muy simple y es que buscamos un mismo objetivo: la paz social, la realización de los fines de equidad, la solución de los conflictos sociales que surgen entre los intereses fundamentales, patrimoniales y colectivos de la población. De ahí que el Poder Judicial no puede cubrir por un lado todo el territorio en la medida que hay muchos espacios donde sus unidades más básicas de Justicia de Paz no pueden llegar. En otro nivel, mucho más social, debemos reconocer que las rondas campesinas como otras instancias de justicia cultural tienen un conocimiento que no va a ser superado por el que desarrolla el Poder Judicial, de modo que la interculturalidad y su encuentro activo es una realidad en países como el Perú. Por tanto el futuro debe enmarcar las opciones de cooperación, de entendimiento, de co-aprendizaje de estos sistemas. Ese marco de referencia está construido en el proyecto que hizo el Poder Judicial sobre la Ley de Armonización Intercultural de la Justicia como un aporte institucional al desarrollo siempre postergado del artículo 149 de la Constitución.

P: El Dictamen del nuevo Código Penal emplea la categoría de pueblo indígena para justificar la exclusión de las rondas campesinas como organización con facultades jurisdiccionales, ¿podría comentar cuál es su punto de vista sobre este hecho?

VP: Bueno, en torno a categorías antropológicas y manejadas por el derecho internacional solo quedan en ser categorías, son explicaciones que tienen un contenido y una orientación predeterminada pero que no pueden ser del todo trasladables a realidades diferentes. Yo creo que el caso del Perú es muy distinto del que fue pensado en Naciones Unidas, de la OIT sobre lo que son los pueblos indígenas, yo prefiero hablar de pueblos originarios, de jurisdicción especial porque es un término más amplio y además son categorías ligadas a un ámbito pluralista o dualismo, judicial o legislativo. El enfoque del Poder Judicial no es ni lo uno ni lo otro, es una perspectiva antropológica en conocimiento que hay varios sistemas operativos hacia sus fines comunes.

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