Novedades en el régimen disciplinario del juez de paz

Por: Luis Fernando Meza Farfán

Como es de público conocimiento, el 6 de noviembre del año en curso, se publicó en una separata especial del Diario Oficial El Peruano, el Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante R.A. No. 297-2015-CE/PJ a propuesta de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena -ONAJUP-.

El reglamento contiene disposiciones generales, los principios que orientan el régimen disciplinario privativo del juez de paz, el catálogo de faltas y sanciones, los procedimientos disciplinario y recursivo, y, finalmente, recomendaciones del órgano contralor que previamente debe identificar las deficiencias del sistema que provocaron o permitieron la actuación disfuncional del juez de paz. Estas recomendaciones, según la norma, deben ser implementadas por la entidad, bajo responsabilidad.

Son muchos los aspectos novedosos de esta norma y, por razones de espacio, en esta oportunidad abordaremos los que nos parecen más importantes, para facilitar su difusión y motivar el debate.

En primer lugar, la exposición de motivos define con mayor claridad el carácter excepcional de la relación jurídica que mantienen los jueces de paz con el Poder Judicial, ya que esta no es de naturaleza laboral. En parte, esta relación especial ya está establecida expresamente en el artículo III de la Ley de Justicia de Paz –Ley N° 29824– que señala que el juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial y con sujeción al régimen especial previsto en su texto. Ahora el reglamento precisa que se trata de “un servicio a la comunidad no remunerado” pues contiene dos de los tres elementos propios de una relación laboral (prestación personal del servicio y subordinación). Esto fundamenta la potestad del Poder Judicial de vigilarlos, investigarlos y sancionarlos disciplinariamente en el entendido que estos operadores al prestar el servicio público de justicia deben estar sujetos al control estatal, pero no le obligan a abonarle una remuneración.

En términos del ejercicio de la potestad disciplinaria, lo anterior implica que al no ser los jueces de paz trabajadores de la corporación judicial, su condición, sin dejar de ser parte de ella, jueces y servidores públicos, es la de colaboradores ad honoren (1) del servicio estatal de justicia, por tanto, es en base a esta premisa que el contralor debe ponderar su responsabilidad en los hechos que se les imputan a título de infracción disciplinaria.

En segundo lugar, el reglamento incorpora una serie de principios ad hoc que tienen directa relación con las características propias y la esencia de la justicia de paz, entre los que destacan: pluralismo legal y pertinencia cultural, respeto de los derechos lingüísticos, presunción de juez lego, tuitividad y riesgo compartido.

El principio de pluralismo legal y pertinencia cultural, establece que en el procedimiento disciplinario del juez de paz se admiten y valoran los medios de defensa basados en el derecho propio y las prácticas sociales de la comunidad a la que pertenece el investigado, si es el que el hecho objeto de investigación se concilió o resolvió amparado en ellos. Asimismo, se actúa teniendo en consideración las características culturales del investigado o procesado.

El principio de respeto de los derechos lingüísticos se refiere a que en el procedimiento disciplinario del juez de paz se debe utilizar además del castellano, bajo sanción de nulidad, las lenguas originarias que son oficiales en el ámbito de competencia territorial del juzgado de paz acorde a lo establecido en la Ley No. 29735 —Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú—. Es decir, se debe utilizar estas lenguas en el procedimiento disciplinario cuando se verifique que el juez de paz investigado o procesado tiene un mayor conocimiento de una de estas lenguas que del castellano pues esta circunstancia restringe o impide que ejerza su derecho a la defensa en toda su amplitud.

El principio de presunción de juez lego implica que el juez de paz tiene derecho a que se presuma su condición de lego en derecho, salvo prueba en contrario por ser abogado o haber estudiado derecho a nivel universitario. Se desglosa en dos circunstancias: primero, aquella en la que el juez contralor a cargo del procedimiento disciplinario debe evaluar si éste comprendía la complejidad jurídica, a nivel normativo y conceptual, de la conducta que se le imputa y proceder a sancionarlo solo en caso exista dolo manifiesto; y, segundo, en que la redacción de resoluciones, proveídos y cualquier otro documento, debe realizarse de un modo comprensible para personas sin formación jurídica, evitando tecnicismos innecesarios y procurando el uso de un lenguaje cotidiano.

El principio de tuitividad se refiere a que el régimen disciplinario del juez de paz debe tener un carácter protector en relación a éste. Se debe considerar que por sus características personales y la naturaleza del servicio que presta, su capacidad para enfrentar un procedimiento disciplinario y al sistema de control jurisdiccional diseñado especialmente para jueces de carrera, es muy reducida. Eso se debe a su del derecho que se aplica en estos casos, del procedimiento, de la lejanía en que se ubican las sedes del órgano contralor, de la carencia de asesoría técnica, etc.

El principio de riesgo compartido pone en evidencia una circunstancia no apreciada desde esta perspectiva en la justicia de paz. Refiere que el Estado en general y el sistema judicial en especial, deben compartir con el juez de paz el riesgo de incurrir en errores o vicios por acción u omisión que se generan al encargar el servicio de impartición de justicia a un ciudadano sin formación jurídica al que además no capacita óptimamente en calidad y cantidad para el ejercicio de esa función por falta de recursos. Es decir, en los casos en que el juez de paz trasgrede sus deberes funcionales, el contralor debe considerar como eximente o atenuante de responsabilidad disciplinaria que es el propio Estado (léase, el Poder Judicial) el que ha contribuido en gran parte a que esto suceda porque es altamente previsible que un ciudadano lego en derecho, sin inducción y sin capacitación suficiente, incurra en error al impartir justicia.

Implica además la exigencia al Poder Judicial de poner especial énfasis en mejorar las capacidades y habilidades del juez de paz, así también en brindarle las mejores condiciones materiales para el adecuado desempeño de su función.

En tercer lugar, un aspecto novedoso es el diseño de un procedimiento disciplinario simple y más compatible con las características y las necesidades de los jueces de paz, distinto a aquel contenido en el “Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la OCMA” aprobado recientemente a través de la Resolución Administrativa No. 243-2015-CE/PJ, conocido también como “procedimiento único”.

En efecto, mientras que el procedimiento único que utiliza la OCMA para disciplinar a los jueces de carrera es esencialmente escrito, el del juez de paz es mayormente oral, con enfoque intercultural, y se desarrolla en una sola audiencia convocada por el contralor en la que se actúan los medios de prueba de cargo y descargo, se formulan los alegatos y se determina la existencia de la falta, su gravedad y la prognosis de sanción a imponerse (2).

En este procedimiento se crea la nueva figura del denominado “juez contralor itinerante”, que es el miembro del órgano de control designado por el Jefe de la ODECMA para conocer el procedimiento disciplinario, quien se desplazará a la provincia  (o distrito) donde se ubica el juzgado de paz a cuyo juez se atribuye la comisión de la falta. Puede ser de preferencia el contralor encargado de realizar las visitas de control ordinarias o inopinadas a las provincias que comprende un distrito judicial, el que para efectos del cumplimiento de dicha disposición, debe hacer coincidir temporalmente sus desplazamientos con el desarrollo de la audiencia única de los procedimientos disciplinarios de jueces de paz a su cargo.

De esta forma, se invierte la figura en la cual era el juez de paz procesado quien debía desplazarse con sus propios recursos hasta la sede del órgano contralor (ubicada mayormente en la ciudad sede de distrito judicial) para ejercer su defensa, debiendo viajar largas distancias reiteradamente y sufrir los avatares propios de las urbes. Ahora es el órgano de control el que a través de la racionalización de sus recursos, el que actúa desconcentradamente, se vincula en forma directa con el quejoso y el quejado a través de una audiencia única, reduciéndose de esta forma el tiempo y el costo del procedimiento.

Se exige además que los jueces contralores a cargo de estos procedimientos disciplinarios sean especializados en justicia de paz, para lo cual deben ser capacitados por la ONAJUP.

Como  se menciona líneas arriba, en este procedimiento se incorporan actos de pertinencia cultural como la intervención de intérprete de lengua indígena u originaria, bajo sanción de nulidad. Se deja abierta la posibilidad de que el juez de paz investigado o procesado pueda proponer a un intérprete de su localidad, la que debe ser aprobada por el juez contralor, al que por esa razón se le releva de la obligación de proporcionarle uno. Se le asigna también al contralor la obligación de tener en consideración las características culturales y el grado de instrucción del juez de paz quejado, y evitar sancionar si estas hubieran motivado una comprensión incorrecta de la complejidad de las normas legales en cuestión, salvo que fuese abogado o hubiera recibido formación universitaria en derecho.

Es también importante relevar también como algo novísimo, la intervención de la ONAJUP como órgano responsable de emitir el informe técnico cuando en el procedimiento disciplinario se ha determinado imponerle la sanción de destitución al juez de paz. Se considera que dada su especialidad puede contribuir de mejor forma en la toma de decisiones en esta materia.

Este procedimiento incluye un rubro referido a la formulación de recomendaciones que debe efectuar el órgano de control jurisdiccional para superar las deficiencias e irregularidades que identifique en el procedimiento disciplinario y que hayan originado la imposición de la sanción al juez de paz o que requieran ser modificados por ser perjudiciales para el servicio. En otros términos, el órgano contralor no solo debe hacer control correctivo o disciplinario sino también control preventivo a través de recomendaciones que, bajo responsabilidad, deben implementar los distritos judiciales del país o la ONAJUP, según sea el caso. Esto, porque la finalidad última de sancionar conductas disfuncionales de estos operadores es lograr la mejora del servicio.

Finalmente, concluimos señalando que esperamos que el reglamento pueda garantizar a los jueces de paz del país un debido proceso y el ejercicio integral de su derecho de defensa.

Notas:

(1) Para los legos en justicia de paz, el juez de paz es un miembro de la comunidad muy reconocido, elegido democráticamente por los propios pobladores para dirimir sus conflictos interpersonales en equidad e imponer sanciones de acuerdo a sus usos y costumbres o reglas de convivencia social vigentes, en forma gratuita y célere. No percibe una remuneración por los servicios que presta. El numeral 9.2 del artículo 9° del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-JUS, determina que el ejercicio del cargo del juez de paz constituye un servicio a la comunidad y no es remunerado, por tanto, que éste no está sujeto a régimen laboral alguno.

(2) En el artículo 49° se define a la audiencia única como la etapa procedimental en la cual el “juez contralor itinerante” escucha al quejoso y al juez de paz quejado y admite los medios probatorios que estos ofrezcan. Se realiza con el fin de determinar la comisión o no de los hechos imputados y decidir conforme al presente reglamento.

Esta es otra innovación del procedimiento disciplinario del juez de paz, en el cual se recrea una audiencia única en un modo similar al que este operador imparte justicia, de esta forma se facilita al quejoso el fundamentar su queja directamente ante el contralor y al juez de paz ejercer su defensa en la misma forma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*