Poder Judicial, pueblos indígenas y derechos lingüísticos: un relato sobre sus encuentros y desencuentros

Históricamente, el sistema de justicia nacional se ha encontrado alejado de algunas de las más adversas realidades de nuestro país. Casos gravísimos de injusticia sufridos, entre muchos, por la población más pobre, por minorías políticas, religiosas, sexuales y –particularmente– étnicas y lingüísticas, han sido desatendidos por un Estado indolente frente a las necesidades y el sufrimiento de sus ciudadanos. No obstante, durante las últimas décadas, el panorama viene cambiando para bien.

Hoy, tras grandes esfuerzos, la problemática referida a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas ha cobrado mayor visibilidad y forma parte del debate social y jurídico cotidianos. Aún así, la vigencia efectiva de estos derechos encuentra dificultades. El presente artículo, a partir de nuestra experiencia en el litigio constitucional, analizará la necesidad de que la Corte Superior de Justicia de Amazonas, parte del Poder Judicial del Perú, brinde intérpretes a los miembros de los pueblos awajún y wampis que enfrenten procesos penales en el espacio geográfico de su competencia, a fin de salvaguardar sus derechos más básicos.

Como es bien sabido, la Constitución Política del Estado encabeza el ordenamiento jurídico nacional, en su calidad de norma suprema –de mayor jerarquía– del Estado peruano; así, en su artículo 2 inciso 19, esta consagra los derechos lingüísticos en términos generales. El texto constitucional señala:

Toda persona tiene derecho:

  1. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

En este sentido, es claro que toda persona tiene el derecho a usar su propio idioma tanto en público como en privado. Además, tienen el derecho a hacerlo ante cualquier autoridad, para lo cual el Estado deberá proporcionarles intérpretes, quienes logren facilitar el diálogo. En concreto, esto también significa que quienes formen parte de un proceso penal y no hablen el idioma castellano (o que no puedan expresarse en él suficientemente), tienen el derecho a que el Poder Judicial les brinde un intérprete y, de tal forma, poder ejercer sus derechos, también fundamentales, a la defensa y a la identidad cultural, tratándose de miembros de pueblos indígenas.

Esta norma cuenta con el soporte de muchas otras, que desarrollan y delimitan el ámbito de su protección. Entre estas, se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, normas de rango constitucional, pues forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, normas de rango legal; y la Directiva para promover y asegurar el respeto a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas, norma de rango reglamentario. Cabe reiterar que estas normas, cuya vigencia en el Perú es plena, son de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, pese a todo lo señalado, la realidad es distinta. El Poder Judicial  –corazón del sistema de justicia peruano, organismo encargado de velar por la correcta administración de la justicia– no cuenta con un sistema de intérpretes en lenguas originarias; es decir, carece de políticas públicas que hagan efectivos derechos fundamentales, lo que significa un grave impedimento al acceso a la justicia.

Esta situación ha tenido consecuencias graves, en particular, ocurridas tras los procesos judiciales desencadenados a partir del llamado Baguazo, en junio de 2008. Increíblemente, fueron (y son) procesadas penalmente por la Corte Superior de Justicia de Amazonas 53 personas, entre mestizos e indígenas de los pueblos awajún y wampis; sin embargo, el proceso se vio afectado por graves vicios; sin dudas, uno de los más importantes (acaso el más relevante) fue la ausencia de intérpretes que pudieran asistir a los procesados durante las audiencias, con el objeto de hacer viable el diálogo entre estos, las demás partes en el proceso y los operadores de justicia. Así, el Poder Judicial se vio forzado a solicitar al Ministerio de Cultura, a través de su Viceministerio de Interculturalidad, el apoyo de dos intérpretes en las lenguas awajún y wampis, quienes trabajaron en la asistencia de los procesados en conjunto con los intérpretes que fueron ofrecidos por los mismos procesados, ante la urgencia de continuar los procesos.

Evidentemente, si todo ciudadano que forme parte de un proceso tiene el derecho a ser asistido por un intérprete, con mucho mayor razón deben serlo quienes son procesados penalmente; es decir, aquellos a quienes se les atribuye la comisión de un delito previsto en la ley y, por lo tanto, sobre quienes se exige una sanción penal. En el caso de los miembros de pueblos indígenas, a quienes se les suma el factor de diferencia étnica y lingüística, la presencia de intérpretes sirve para la mejor administración de la justicia indígena.

Más allá del Baguazo, los demás procesos penales en los que están involucrados indígenas awajún y wampis en Amazonas, ya sea como procesados o testigos, no cuentan con la asistencia de intérpretes en sus lenguas originarias que les permita asegurar sus derechos a un debido proceso –pues es la única forma de lograr hacerse entender en un proceso y, consiguientemente, de defenderse– y a la identidad cultural y al uso de la lengua propia –pues nuestra lengua forma parte cardinal de nuestra identidad–.

De igual forma, no solo nos encontramos frente a derechos subjetivos; en otras palabras, derechos que corresponden a las personas y que pueden ser opuestos a los poderes públicos, sino también hablamos de derechos que poseen una dimensión objetiva, por la que el Estado (y los particulares, en ciertos casos) tiene el deber de actuar concretamente en protección de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, las cortes superiores tiene el deber de brindar intérpretes a los procesados que los requieran, incluso cuando no los hubieran pedido. Este deber, al estar derivado de normas constitucionales, es ineludible para jueces y juezas.

Además, la falta de asistencia de intérpretes constituye un supuesto de discriminación por motivo de origen étnico y lingüístico, pues parte del derecho a la igualdad es el trato desigual a quienes lo son. Ergo, no es posible ni es justo tratar de la misma forma a quienes se encuentran en situaciones diferentes. En concreto, no se puede tratar igual a quienes hablan el castellano y a quienes no en un proceso penal; hacerlo, como ocurre hoy en día, es una violación del derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación, previstos en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política.

Santiago Manuín, reconocido dirigente indígena, defensor del medio ambiente y miembro de la comunidad awajún, demandó esta situación ante la propia corte de justicia en Amazonas mediante un proceso constitucional de cumplimiento, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal y el Vicariato de Iquitos. Cabe recordar que los procesos de cumplimiento persiguen que cualquier autoridad o funcionario acate una norma legal o un acto administrativo que este se rehúsa a cumplir, según dispone el artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política, así como el Código Procesal Constitucional.

En nuestro caso, la demanda se dirige contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, con la finalidad de que dé cumplimiento a las normas que exigen a los operadores de justicia el suministro de intérpretes a los procesados penalmente quienes no hablen el idioma castellano o que tengan dificultades en hacerlo. La demanda fue presentada en octubre de 2014; no obstante, ha sido rechazada por el juez de primera instancia, por lo que fue apelada.

Por otro lado, el expresidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza, anunció la implementación de un registro de intérpretes en lenguas indígenas, quienes deberán ser capacitados en cuestiones jurídicas elementales, a fin de poder brindar una mejor asistencia a quienes los necesiten. Esta es una decisión saludable y que funciona como alivio a la problemática de la vigencia de los derechos lingüísticos de la población indígena; sin embargo, no resulta suficiente, pues la situación exige un sistema articulado de intérpretes y traductores que puedan facilitar en forma real el ejercicio de los derechos de los procesados penalmente, particularmente indígenas, y permitir una mejor y justa tutela de sus derechos.

En conclusión, el panorama actual sobre los derechos lingüísticos (y procesales) de los pueblos indígenas es esperanzador, aunque tibio en su progreso, pues los indígenas procesados penalmente en Amazonas no cuentan con la asistencia de intérpretes que puedan facilitarles el entendimiento de lo que ocurre en las audiencias en las que participan; no obstante, y ante el coraje inagotable de la población indígena, el Poder Judicial ha dado pequeños pasos a favor de la causa de la justicia indígena, que tanto ellos como nosotros –la sociedad civil– pretendemos agigantar mediante la vía judicial. Exigimos la creación de políticas públicas judiciales ajustadas a las exigencias jurídicas y sociales previstas en nuestro ordenamiento jurídico y en defensa de la persona humana.

Escrito por:

Juan Carlos Ruiz Molleda
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador del Área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal.

Álvaro Masquez Salvador
Estudiante de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Miembro del Área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal.

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