Prisión preventiva e interculturalidad

A raíz de los dramáticos sucesos ocurridos en Bagua el de 5 de junio de 2009 (7 civiles y 23 policías muertos y cientos de heridos), se iniciaron investigaciones judiciales sobre lo ocurrido en la denominada Curva del Diablo, en la Estación 6 y en la misma ciudad de Bagua.

Varios de los indígenas awajún involucrados en el suceso fueron acusados sin orden de detención, y en diversos casos fueron enviados a la cárcel por mandatos de prisión preventiva (PP), la cual consiste en el encarcelamiento inmediato con el fin de impedir que se fuguen. Luego de ello, casi todos han ido logrando que se les varíe dicha medida por una de comparecencia restrictiva, es decir, fueron liberados pero con la obligación de acudir cada vez que los cite el juez y de respetar determinadas reglas de conducta, como no mudarse o viajar sin autorización del juez. Lo cierto es que todos siguieron acudiendo a las diligencias, pese a vivir a varias horas de distancia, y ninguno se fugó; sin embargo,ya antes habían padecido el sufrimiento que ocasiona la cárcel, tanto al directamente afectado como a su familia.

Fue dramático lo que pasó con Feliciano Cahuasa Rolín, otro de los awajún, acusado. La autoridad judicial ordenó arresto domiciliario, pero como su comunidad quedaba a varias horas, la condición fue que él alquilara una vivienda en la ciudad de Bagua y que asumiera los costos que la medida ocasionaba. Por la absoluta precariedad de las condiciones de vida, su familia siguió viviendo en la comunidad, y sólo muy eventualmente pudo visitarlo. Luego de muchas gestiones, a él también se le varió esa detención por comparecencia, y tampoco se fugó.

En otros casos, los procesados –también indígenas– tienen orden de detención, pero ellos han optado por no ponerse a derecho, debido a que saben muy bien que lo más seguro es que permanecerán un buen tiempo en prisión, sin que se les varíe dicho mandato, o se les sentencie (el proceso lleva 6 años). Por esta situación, han tenido que vivir escondidos, sin poder desplazarse (ni para curarse de graves enfermedades), con muchas limitaciones para trabajar, y hasta a veces han sido extorsionados por personas –incluidos policías– que saben de su situación. En varias oportunidades se les ha pedido formalmente a los jueces que, como en situaciones similares, se les levante la orden de detención, comprometiéndose ellos a acudir cada vez que se les cite, pero esto todavía no se ha logrado, pese a que una serie de representantes de la Iglesia se han comprometido a garantizar que no se fugarán.

La situación se vuelve más dramática, si consideramos que en todos estos casos los indígenas se declaran inocentes, y por ello sus casos vienen siendo defendidos por organismos de derechos humanos o reconocidos abogados independientes, además de representantes de la Iglesia Católica.

Este tipo de casos, sobre indígenas presos sin condena (en PP), vinculados a conflictos socio ambientales se repiten en otras partes del país (aunque felizmente sin la violencia que se desencadenó en Bagua, producto de un operativo ordenado por Lima sin ningún criterio y muy mal planificado). Pero no solo en el marco de conflictos sociales sino frente a las investigaciones sobre otros delitos, como robos, tráfico ilícito de drogas (microcomercialización), violación sexual, homicidios, entre otros.

Si bien la población penitenciaria del país que se encuentra en PP viene disminuyendo, hasta ahora constituye aproximadamente la mitad de esta (INPE: 49.87%).  ¿Cuántas de esas miles de personas todavía presuntamente inocentes pertenecen a comunidades indígenas? No se sabe, por una serie de razones que se pueden intuir, pero lo cierto es que si se va a penales de departamentos como Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, Puno, Ayacucho, entre muchos otros, siempre habrá un grupo de internos que se auto identifican como parte de una comunidad de la amazonia o de la zona andina.

P.P.03

Es importante entonces que comencemos a enfocar el problema de la PP tomando en cuenta un enfoque intercultural. Para ello, el punto de partida es general: la PP se debe de aplicar de manera absolutamente excepcional, cuando es la única manera de garantizar que el proceso penal se lleve a cabo, y que el implicado no se burle de la justicia.

Es por ello que los fiscales sólo deberán pedir, y los jueces imponer, esta medida extrema, que implica la pérdida de la libertad de una persona que todavía goza del principio de la presunción de inocencia, cuando se den los presupuestos previstos expresamente por el art. 268° del NCPP:

P.P.04

Tienen que darse estos tres requisitos de manera conjunta, comenzando por el primero y es suficiente que no se cumpla con alguno de estos elementos de convicción para que no se pueda dar PP.

Si no está claro que en el caso concreto de cada involucrado (no cabe hacer una evaluación grupal) se dan estos requisitos, los fiscales y jueces deberán optar por medidas menos drásticas como las ya mencionadas: comparecencia simple o pago de una restrictiva, caución (una suma de dinero puesto en garantía, sea por el involucrado o por alguien distinto que se acepta asumir la figura de fiador), arresto domiciliario, o figuras poco conocidas como la de poner al involucrado bajo la responsabilidad de una institución o un tercero (art. 286° y siguientes del NCPP).

Lo dicho ha sido recogido por innumerables tratados y declaraciones a nivel de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y de sentencias nacionales e internacionales. En el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, en el cual procedió a

P.P.05

“exhorta(r) a las autoridades a aplicar la prisión preventiva con un criterio eminentemente excepcional, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad (…).”

Pero luego de esta primera premisa, premisa aplicable para todos, la PP en el caso de personas indígenas se complejiza y adquiere como es evidente una serie de particularidades, como las que pasamos a mencionar, a manera de ejemplos.

Para evaluar si hay o no un peligro de fuga los magistrados deben de examinar si la persona tiene arraigo, el mismo que se acostumbra a decidir en función de si la persona tiene un domicilio habitual, un trabajo fijo y una familia formalmente constituida. ¿Cómo aplicar estos criterios en una realidad en la que conviven culturas muy distintas?

Una de las reglas de conducta más frecuentes para los que sólo están bajo comparecencia, es que acuda ante un despacho judicial a firmar o poner su huella digital, y si se incumple, pasa a tener orden de detención. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué condiciones especiales debe establecerse en el caso de personas que viven a varias horas de los juzgados y fiscales? ¿Por qué si la ley contempla la posibilidad de someter al imputado bajo la vigilancia de una institución determinada, esta no puede ser la propia comunidad o las rondas campesinas?

Hay una serie de instrumentos internacionales que podrían ser mencionados para exigir un tratamiento doblemente excepcional, y diferente, para la aplicación de la PP en el caso de miembros de comunidades indígenas. Pero en esta oportunidad nos limitamos a citar dos fuentes internacionales, que revelan claramente cuál debe de ser el espíritu que se siga en el Perú en relación al tema planteado. Así, en el Convenio 169 de la OIT se establece claramente que “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” (art. 9°, inc. 1). Asimismo, ¨las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia (art. 9° inc. 2)¨ y también ¨deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (art. 10° inc. 2)¨.

P.P.06

En el mismo sentido en las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, se dispone claramente que¨existen poblaciones vulnerables como es el caso de los pueblos indígenas, que encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico¨, por lo que el Estado debe de adoptar medidas especiales para vencer dichos obstáculos particulares.

De este modo, se torna necesario que el sistema judicial, y concretamente la prisión preventiva, comience a incluir un enfoque intercultural con el fin de que los derechos de todo aquello que se encuentre incurso en un proceso penal, sean respetados.

Escrito por:
Ernesto La Jara
Abogado, Director-fundador del Instituto de Defensa Legal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*